ETA: ya sólo cabe la solución policial
Panorama | antonio papell
La irrupción criminal de ETA en el pacífico verano mallorquín, con un saldo trágico de dos vidas y un efecto muy negativo en el negocio turístico debería servir al menos para una reconsideración profunda de la situación de la lucha antiterrorista, después del gran cambio suscitado por el fracaso del último proceso de paz. En efecto, durante gran parte de los treinta años largos del proceso democrático, siempre se ha pensado -de forma más o menos consciente o inconsciente- que la solución del problema creado por el ultranacionalismo independentista y violento de Euskadi había de ser política. Las amnistías preconstitucionales ya sondearon esta vía, que se plasmó después en el Pacto de Ajuria Enea de 1988, que estuvo vigente en la práctica hasta la enunciación del Plan Ardanza y la aventura de Lizarra. Todos los gobiernos -”el de González, el de Aznar y el de Rodríguez Zapatero-” ensayaron asimismo la negociación. Pero el estallido de la T-4 y el inmediato final del proceso de paz intentado por Zapatero tuvieron sin duda un carácter terminal: caló en todos los actores democráticos la convicción de que ETA se había deslizado por pendientes mafiosas de plena irracionalidad, por lo que ya no cabía dejar abierto el portillo del «final dialogado», que era la previsión central del Pacto de Ajuria Enea. La revitalización del Pacto Antiterrorista del 2000 tras la ruptura del proceso de paz y el pleno desarrollo de la Ley de Partidos del 2002, que ha supuesto la ilegalización de todas las organizaciones afines a ETA y su exclusión de las instituciones, marca una pauta que goza de amplísimo consenso político y social. Esta decisión dura e inflexible explica asimismo el magnífico logro de la alternancia en Euskadi, una vez que los dos grandes partidos se han percatado de que de nada sirve la línea blanda de seducción del nacionalismo y de que la normalización democrática del País Vasco generada por el cambio político habrá de ser un elemento más del confinamiento de ETA. En otras palabras: la lucha contra ETA ya es por completo un asunto policial. Lo que implica centrar todos los esfuerzos del Estado en este empeño. Y esta afirmación no es una obviedad puesto que acaban de verse debilidades inexplicables en la autoprotección de las fuerzas de seguridad.
Es evidente que la responsabilidad de los crímenes corresponde a sus autores y que ETA merece toda la detestación imaginable por sus acciones. Una vez descartada cualquier negociación futura con ETA y eliminada por tanto eta hipótesis de la agenda de las instituciones y los partidos, es preciso volcar todos los esfuerzos en la actuación de las fuerzas de seguridad. Los hechos demuestran que faltan medios, que no se dispone de la tecnología adecuada, que el parque de vehículos policiales es anticuado y viejo, que los cuarteles de la Guardia Civil no son seguros. Lo que lleva a pensar que tampoco se invierte lo bastante en los sistemas de información que han de ser claves en el agostamiento de esta red criminal que todavía goza de cierto apoyo social, que también hay que aislar. En suma, tras la renuncia solemne a la negociación política, es preciso redoblar el esfuerzo policial en todos los frentes. Y no acaba de verse que estemos del todo en ese camino.