El gasto público

«Todos los modificados y complementarios -”que elevaron el coste de la obra de 48 a 110 millones de euros-” se realizaron sin contrato porque no se podían hacer por estas cantidades», de forma que «los responsables del órgano de contratación» delinquieron al «saltarse todo el procedimiento administrativo» para la construcción, dice el informe jurídico del Gobierno balear elaborado a demanda del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca sobre el velódromoa. El escándalo, ahora investigado en los tribunales, es realmente mayúsculo. Pero lo más sorprendente no es que se cometiera una infracción tan aparatosa sino que los mecanismos de control de dinero público no se percataran de unos manejos tan llamativos, ni fueran por tanto capaces de impedir semejante desaguisado.