Presupuestos: austeridad y más impuestos

Panorama | antonio papell

Como se esperaba, el gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Presupuestos del Estado que incluye una severa reducción del gasto no financiero -del orden del 4%- y una discreta elevación de impuestos. Las previsiones del último cuadro macroeconómico se mantienen, de modo que se cuenta con que el PIB decrezca este año el 3,6%, y el 0,3% en 2010. Ello significaría que no empezaríamos a registrar crecimientos positivos hasta la segunda mitad del año que viene.

Si se hace abstracción de las críticas partidarias, que como es lógico pretenden simplemente mostrar una dirección alternativa a la política económica, se concluirá probablemente en que el Gobierno ha procurado una solución ecléctica a los dilemas, en buena parte insolubles, que tiene planteados. Las principales urgencias son contradictorias: es preciso controlar el déficit, que se ha disparado hasta niveles preocupantes, pero también resulta necesario no acabar con los estímulos fiscales que han de generar actividad y combatir la recesión, tal como aconseja la OCDE y acaba de recomendar el G-20 para impedir un rebrote de la coyuntura adversa. La contención del gasto prescindible y una subida de los tributos que menos interfieren con la actividad ha sido la fórmula ado ptada, que aún será previsiblemente matizada durante el trámite parlamentario de la ley presupuestaria. La subida de impuestos es realmente moderada, y se combina con una reducción de cinco puntos del impuesto de sociedades -del 25 al 20%- a las pequeñas empresas de menos de 25 trabajadores que mantengan o incrementen el empleo. Subirán los impuestos sobre las rentas del capital -el 1% para las inferiores a 6.000 euros; el 3% para las superiores-, desaparece con carácter general la deducción de 400 euros del IRPF y subirá dos puntos el IVA de tipo general y un punto el reducido. Con la particularidad de que esta última subida sólo se aplicará a partir del 1 de julio de 2010, lo que tendrá un efecto estimulante sobre la demanda en el primer semestre del año ya que se anticiparán determinadas compras.

Todos estos incrementos, una parte de los cuales irá a los presupuestos autonómicos y locales, representa un total de algo menos de 11.000 millones de euros, es decir, aproximadamente un 1% del PIB. Comoquiera que el presidente del Gobierno anunció en el último debate económico que la subida de la presión fiscal sería del orden del 1,5%, es de suponer que el otro 0,5% correrá a cargo del impuesto ecológico que se implantará mediante la futura ley de Economía Sostenible.

El debate no ha hecho más que empezar. Sería bueno que la controversia versase, especialmente, sobre la auténtica sostenibilidad de nuestra estructura fiscal, ahora que el sector construcción ha reducido tan significativamente su contribución. Y sobre el impulso que estos presupuestos dan al cambio de modelo de crecimiento. Sí se conoce que se mantendrán sin recortes los presupuestos de I+D+i y que la mencionada ley de Economía Sostenible versará precisamente sobre la conquista de una mayor competitividad. De cualquier modo, sería bueno que el PP depurara su crítica y contribuyera a la búsqueda de soluciones. Calificar simplemente de «engaño» estas cuentas tentativas, cuya aplicación dependerá como es natural del desarrollo de la recesión a escala global, es, como mínimo, una inútil e inquietante simplificación.