Presupuesto para una crisis
El corro | pedro vicente
M al que bien, hasta el momento Castilla y León han venido sorteando la crisis económica mejor que otras comunidades autónomas que están saliendo peor libradas. Sin dejar de ser importante su repercusión, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no ha ocasionado aquí los mismos estragos que en otras zonas con mayor dependencia del «ladrillo». A ello se ha añadido el milagro de que las grandes factorías automovilísticas instaladas en la Comunidad (Renault, Nissan e Iveco) han mantenido casi íntegramente sus niveles de empleo. La excepcional cosecha cerealista del pasado año -no así la de éste- contribuyó también a amortiguar los efectos de la crisis.
El Plan E y demás inversión en obra pública, mayormente estatal, ha evitado que en lo que llevamos del 2009 el paro se haya disparado en Castilla y León de la forma que lo ha hecho en otras comunidades más industrializadas. Pero lo peor estaba por llegar y se ha puesto de manifiesto tan pronto como las distintas administraciones han encarado la elaboración de sus Presupuestos para el 2010. Y ahí tenemos la controvertida subida de impuestos justificada por el Gobierno Zapatero para poder mantener el gasto social y la inversión pública, La caída de la recaudación fiscal motivada por la recesión económica afecta a la Junta en la misma medida que al Gobierno central, con el agravante de que este último ha reducido los anticipos a cuenta de la financiación autonómica. La consecuencia de ello es que las arcas de la Comunidad están bajo mínimos y la Junta se encuentra en estos momentos con unas dificultades inusitadas para cuadrar el Presupuesto del 2010. Descartada la subida de impuestos, el gobierno Herrera no tiene otro remedio que recurrir a la deuda pública -algo que nunca le ha gustado- para garantizar los ingresos del próximo año.
Es cierto que en el presente ejercicio la Junta ya ha emitido deuda pública, pero ha sido con carácter suplementario para financiar las medidas anticrisis aprobadas sobre la marcha. La situación ahora es muy diferente. La emisión de deuda resulta imprescindible, y además en cuantía superior, simplemente para mantener los ingresos presupuestados el pasado año. Téngase en cuenta además que el gasto social, declarado intocable, se ve incrementado por el coste de medidas como el subsidio de 421 euros a los parados de larga duración, la Renta Garantizada de Ciudadanía a regular este otoño y la aplicación de la Ley de Dependencia.
Para contener en lo posible el volumen de deuda pública, la Junta, además de reducir gasto corriente, está contemplando la posibilidad de recortar seriamente la inversión en determinadas consejerías. Y es al hilo de este ajuste presupuestario donde el presidente Herrera puede estar planteándose un posible reajuste en su gobierno. La reducción del actual organigrama mediante la fusión de varias consejerías no supondría en sí un gran ahorro, pero sería presentada a la opinión pública como una medida de austeridad, al tiempo que permitiría camuflar los recortes presupuestarios. Dicha eventualidad está sujeta a un plazo que vence el 15 de octubre, fecha tope para que la Junta remita a las Cortes su proyecto de Presupuestos.