El consejo de Estado y la reforma de Estatutos

Las declaraciones —16 agosto— del ministro de Justicia, profesor Caamaño, quien en su cargo técnico, en el equipo del presidente del ejecutivo, había sido una de las personas que revisó el proyecto de Estatuto de Cataluña, puliendo determinados preceptos y acercándose a la constitucionalidad en bloque del Estatuto, que así debería llevarse en el Congreso de los Diputados, han tenido una repercusión realmente inusitada. La respuesta, si no la más ponderada, fue la del también profesor de Derecho Constitucional, y catedrático Jorge de Esteban, en El Mundo de 18-8-2009, calificándolas de desafortunadas. (A la bibliografía, que aquellas declaraciones a Europa Press provocaron, me remito a un trabajo para la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, titulado Reflexiones sociopolíticas sobre el Tribunal Constitucional. No he llegado a referirme a otras muchas actitudes. Cito las que el 16-8-2009, y en diversos periódicos catalanes, en Abc y El Mundo, han llegado a reflejar la cuestión —desafiante para el tripartito catalán. Parece que ya no se trata de «movilizaciones», ni de abandono temporal de los escaños, y sí de acelerar veinte leyes por el Parlamento, para completar el desarrollo del Estatuto, que ya ha contado con unas cuarenta normas, en cuestiones que han sido calificadas en diversos recursos como anticonstitucionales. Ya en nuestra obra, El Estatuto de Cataluña como instrumento jurídico. Una meditación sobre España (2006), ya aludimos al riesgo de una política de hechos consumados, que el retraso del Tribunal Constitucional podría motivar. Hasta el punto de que los titulares actuales van en esa otra línea de «presión»: José Montilla y su gobierno amenazan a Zapatero si dicho tribunal recorta el Estatuto. (Alfredo Pérez Rubalcaba —buen físico pero no jurista—, como buen pasiego de paternidad franquista, ingenuamente (?) se apunta al valor superior que tiene un Estatuto). Esta glosa, casi de urgencia, quiere en especial limitarse a que en la polémica, no se suele citar la doctrina del Consejo de Estado, largamente estudiada, durante más de un año, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, el 5-3-2005, pidió a dicho consejo un informe sobre la preferencia del varón en la sucesión, la reforma del Senado, los nombres de las comunidades autónomas, y la incidencia que podría tener en la Constitución la proyectada Constitución europea. En aquella obra antes citada, reflexionamos nosotros, y reprodujimos una síntesis de las respuestas del Consejo de Estado en el tema autonómico. Ratifica abiertamente el tema de la «nación», analiza el efecto de la transición, como políticamente más descentralizado, analiza las diferencias con un estado federal o confederal, explicando que estamos en un estado «compuesto», pero no distinto. Valora los principios de igualdad y solidaridad, claves en la Constitución, no pudiéndose modificar ésta desde un Estatuto de Autonomía. En un tratado posterior, «España en la encrucijada» (2009), nos hemos vuelto a referir a los efectos que debiera tener esta doctrina del Consejo de Estado, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero como apenas se argumenta, en uno y otro sentido, me permito, en esta hora de confusión, recordar que puede ser grave imponer desde un poder ejecutivo autonómico el modelo de Estado, porque eso sí que sería fuertemente anticonstitucional. Jesús López Medel. jurista. académico ¿Sobran enfermeras en la provincia de León? De vuelta de mi León familiar al Oviedo de mi trabajo y la pequeña familia que he formado, me venía acordando de lo que me contó mi amigo sobre las enfermeras en León: ¿Será que sobran? Por lo visto, en esta provincia y en dos o tres más de la comunidad autónoma castellana y leonesa, han castigado a un buen número de enfermeras a un año sin estar en las listas de trabajo, a un año de paro, vamos. Se lo he comentado a un médico y una enfermera que atienden a mi familia y me han dicho que eso es imposible, que si no las llaman por la lista funcionarial las llamarán por la autonómica. El caso es que algunas ya están «disfrutando» sus días de «vacaciones moscosas» porque esta semana irán al paro. Por lo que cuentan todo comenzó por la doble lista de interinos, que cuando cubrían una interinidad por la lista autonómica las llamaron para incorporarse a una plaza por la lista funcionarial. Y, como no abandonaron su puesto que no había prescrito, para incorporarse al nuevo, les ponen esa sanción de un año en paro. Parece que ahora quieren unificar esa doble lista y en estos casos lo hacen a golpe de sanción. No ha pasado lo mismo con los médieos a los que han dado un tiempo como período de adaptación a la nueva situación. Y me pregunto: ¿Tiene sentido que una administración cargue sobre sus trabajadores las consecuencias de sus períodos de adaptación a la nueva situación de transferencias en materia sanitaria del Estado a la autonomía? En el supuesto de que haya una norma que les permita ejecutar esas sanciones, ¿No van en este caso en contra del sentido común al imponer un cambio de destino sin haber terminado el tiempo del destino anterior? ¿O es que los despachos de la Junta están incomunicados unos con otros de modo que los problemas de los trabajadores de la Sanidad se pudran en ellos en forma de papel o terminal de ordenador? ¿Nadie habrá a quien esto corresponda que quiera terminar con esta situación tan anómala? ¿O es que el «divide y vencerás» es la norma que sigue el Sacyl y la Junta de Castilla y León para demostrar quién tiene el poder?