¡Referéndum ya!
Tribuna | HÉCTOR ÁLVAREZ GARCÍA
Doctorando constitucionalista (UNED)
S i el pueblo español quiere ejercer su derecho a decidir sobre la cadena perpetua, la pena de muerte, el Borbón, etc., ¿quiénes son los políticos y sus poderosos grupos mediáticos, que viven a costa de la gran estafa partitocrática, usurpadora de los poderes soberanos del pueblo, para, desde su atalaya y con aires de superioridad moral, negar a los españoles su legítimo derecho de someter a consulta cuestiones que afectan directamente a la convivencia democrática?
¿Quiénes son para tratarnos como menores de edad, privándonos de nuestro sagrado derecho a decidir, en libertad, la política legislativa penal y penitenciaria, cuando somos nosotros los asesinados, violados, robados o agredidos diariamente, sin que los poderes públicos hagan nada por evitarlo, ni por castigar con dureza a los delincuentes?
España es el paraíso de los delincuencia, esto lo saben muy bien todas las bandas criminales sudamericanas y del Cáucaso, por eso vienen a la península a hacer su particular -œturismo delictivo-. Son conscientes de que aquí es muy difícil que les capturen, sólo hay que ver las pésimas estadísticas de resolución de delitos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Según los datos presentados el día 29 de octubre de 2008, por el Ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, el 70% de los delitos y faltas cometidos en España quedan sin resolver), y si por pura mala suerte les apresan, no hay problema, cuatro días de vacaciones en una de nuestras fastuosas mansiones, llamadas centros penitenciarios, y solucionado, en la calle de nuevo.
El Código Penal y la Legislación penitenciaria son normas que ultrajan a las víctimas. Es vergonzoso lo que pasa en este país: los reclusos viven a cuerpo de rey en nuestras majestuosas cárceles donde no les falta de nada, viven bien relajaditos jugando al fútbol, al squash o en la piscina, ¡que el verano es muy duro como para aguantarlo sin un buen chapuzón matutino! Mientras tanto, las víctimas languidecen preteridas y abandonadas por las instituciones públicas, se encuentran solas y desamparadas, condenadas a penar el resto de sus días por el daño injusto y brutal que un miserable les infringió en un día equivocado de sus vidas. Los casos sangrantes de Mariluz, Marta del Castillo y muchos otros que no son proyectados por los medios, hacen necesario e inaplazable un posicionamiento del pueblo español a favor de un severo endurecimiento de las penas y de la política penitenciaria, no podemos consentir que la partitocracia nos arrebate nuestro derecho inalienable de fijar el castigo para los perpetradores de actos deleznables.
Desde esta tribuna, quiero animar y apoyar a los padres de estas niñas en la dura batalla que han iniciado contra el poder, porque así es, es la partitocracia la causa de todos nuestros males y el enemigo a vencer, para que regrese el orden y la justicia a este país. Que no decaiga su ánimo, estamos con ellos millones de españoles.
Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía con el fin de que se comprometa con esta noble, necesaria y justa iniciativa, tenemos que abandonar nuestra apatía y atonía por los asuntos públicos. Esto de verdad nos interesa a todos, porque mañana seremos nosotros las víctimas, y nos sentiremos humillados por nuestro propio Estado de Derecho cuando impone esas ridículas penas, que se convierten en ignominia y escarnio para las víctimas al aplicarles la legislación penitenciaria.