Más retraso en el TC
Panorama | antonio papell
La impotencia del Tribunal Constitucional ante su obligación de resolver los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña empieza a ser alarmante porque pone de manifiesto una debilidad esencial en una de las piezas fundamentales de nuestro engranaje democrático.
Ni siquiera los ataques que recibió la institución de los partidos políticos en forma de recusaciones interesadas de algunos de sus miembros justifica la incapacidad de los diez magistrados supervivientes en cuyas manos está no sólo la carta catalana sino, por extensión, el dibujo final del Estado de las Autonomías. Como es conocido, prosperó la recusación del progresista Pablo Pérez Tremps a instancias del PP, y el conservador Roberto García-Calvo falleció en mayo del año pasado. La insolvencia de la institución que tiene a su cargo la tutela sobre constitucionalidad de las leyes, es decir, la coherencia interna del corpus jurídico edificado sobre nuestra Carta Magna, queda además resaltada por las constantes filtraciones, siempre sin desmentidos, que reflejan las pugnas interiores que algunos pretenden resolver apelando indirectamente a la opinión pública. La última de ellas, aparecida el lunes en La Vanguardia , aseguraba que el TC ya ha acordado (¿) salvar el modelo lingüístico, aunque estableciendo acotaciones interpretativas tendentes a asegurar que Cataluña no avanza hacia el monolingüismo.
La propia presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, había asegurado este verano que la sentencia sobre el Estatut se conocería en octubre. Pues todo indica que no va a ser así: fuentes anónimas del tribunal, recogidas por El Periódico hace unos días, han revelado que el TC está ahora dividido en tres grupos, en lugar de reflejar la tradicional escisión entre progresistas y conservadores.
La múltiple fractura se ha suscitado cuando uno de los «progresistas» -Manuel Aragón, nombrado a propuesta del Gobierno socialista- se ha enrocado en la tesis de que hay algunos artículos inconstitucionales (este magistrado no aceptaría el término nación ni la definición de símbolos nacionales), en connivencia con el conservador Guillermo Jiménez. Frente a ambos, cuatro magistrados del grupo progresista (Casas, Pascual Sala, Elisa Pérez Vera y Eugenio Gay) pretenden rechazar los recursos mediante una sentencia interpretativa, mientras los cuatro conservadores restantes (Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata) rechazan de plano la mayor parte del Estatut. Esta fragmentación ha impedido que se convocaran votaciones en las dos últimas reuniones del plenario (26 de septiembre y 6 de octubre). La mencionada información afirma que, dada la imposibilidad de conseguir un acuerdo y para enfriar las discrepancias, sus señorías se dedican estos días a cumplir diversos compromisos institucionales, aplazando por tanto el debate decisivo.
Así las cosas, la sentencia no llegará hasta diciembre en el mejor de los casos. Y no se descarta que se aplace al verano, lo que la llevaría a coincidir prácticamente con las elecciones autonómicas catalanas. El retraso de la sentencia no es inocuo: una sentencia adversa, a estas alturas, generaría un caos jurídico de muy difícil solución.