Paz social, reforma social
Panorama | antonio papell
La gran manifestación madrileña del pasado sábado contra la reforma de la normativa que regula la interrupción voluntaria del embarazo ha sido interpretada por algunos analistas como un síntoma del creciente malestar social generado por la crisis en las clases medias. En realidad, la movilización fue importante -según el nuevo sistema de recuento utilizado por la Agencia Efe reunió a unas 60.000 personas- pero no sorprendente dado el conocido rechazo al aborto de amplios círculos religiosos. En cualquier caso, es lógico que la ciudadanía se encuentre irritada por la crisis, que será más larga y profunda de lo que imaginábamos al comienzo de la recesión.
Sea como sea, la paz sociolaboral parece asegurada porque, de un lado, se está extendiendo la cobertura mediante subsidios a la mayoría de las personas en situación de desempleo y, de otro lado, el Gobierno respalda las tesis sindicales en el sentido de que la coyuntura no debe deteriorar los derechos laborales. En estas circunstancias, no tendría sentido la protesta sindical, ni mucho menos la temible huelga general, que difícilmente podría justificarse con argumentos. Pero aunque la estabilidad social es un objetivo plausible, podría convertirse en una rémora si el anquilosamiento sindical prevaleciese y las organizaciones obreras no admitieran la necesidad de modernizar el sistema de relaciones laborales.
La reforma laboral no es, en definitiva, una opción opinable sino una urgencia necesaria para homologar la legislación laboral española con la europea, mejorar la productividad del trabajo y la competitividad de nuestras empresas, reducir estructuralmente la insoportable temporalidad y, con todo ello, facilitar la recuperación y la salida de la crisis económica.
Los sindicatos, con el apoyo del Gobierno, se niegan a aceptar cualquier abaratamiento del despido, pero esta negativa no debería ser obstáculo para un acuerdo sobre todo lo demás. Tras el fracaso de la negociación social en julio, las partes se están aproximando para intentar nuevamente el pacto, y el Gobierno ha sugerido cuatro líneas de avance: la reducción de la temporalidad, el impulso a la contratación a tiempo parcial, las ayudas a la contratación y la mejora de la formación profesional. La patronal, por su parte, ha efectuado una propuesta interesante: la creación de un nuevo tipo de contrato estable para los parados actuales con una indemnización por despido similar a la que rige en Europa en promedio (los trabajadores actuales no perderían por tanto su posición). Los sindicatos, en fin, apuestan por una flexibilización compleja de la negociación colectiva. Sería imperdonable que con estos mimbres los agentes sociales no fueran capaces de conseguir avanzar hacia un acuerdo rápido, que, además de ofrecer nuevas herramientas a los empleadores, infundiría confianza a los actores económicos. Los sindicatos de clase deben asumir de una vez que no sólo defienden los intereses de los trabajadores que tienen trabajo sino que han erigirse asimismo en portavoces de los desempleados. En consecuencia, cualquier encastillamiento injustificado en la defensa de los privilegios de los afortunados que no se han visto afectados en su empleo por la crisis carecería de justificación moral. El Gobierno, por su parte, tampoco puede ser convidado de piedra en este asunto. Aun respetando sus posiciones ideológicas, cabe reclamarle empuje y mano izquierda en la impulsión del diálogo social.