Alivio, sí; enhorabuena, no
Panorama | José Ignacio Wert
Los españoles hemos respirado con alivio al conocer la noticia de que el Alakrana «navega libre hacia aguas seguras», sin los piratas que los han retenido durante 47 días, tras abonar un millonario rescate. Pero el alivio es el único sentimiento positivo. La insólita aparición de Zapatero poniéndose la medalla de oro y repartiendo preseas de plata a De la Vega, Moratinos, Chacón y a la ministra «de Medios, que lleva lo de la pesca» (sic) roza el esperpento. Por lo que se sabe, que es poco, puede que el rescate sea el mayor hasta ahora pagado a los piratas somalíes. Repartir parabienes tras haber cedido más que nadie hasta ahora al chantaje de estos delincuentes resulta cuando menos paradójico. Pero la paradoja adquiriría caracteres de delirio si, además del dinero, como desgraciadamente parece, ha habido otros compromisos acerca del horizonte penal de los dos piratas apresados por la fragata Canarias. La situación del Alakrana deriva de un cúmulo de errores gravísimo, del que apenas escapa casi nadie que ha tenido algo que ver con el caso. El armador debía haber sido consciente de los riesgos y no tomar más de los que pudiera razonablemente controlar. Poca crítica cabe, también, a las fuerzas navales en los acontecimientos siguientes: la captura del esquife con dos piratas a bordo fue consultada con quienes debían autorizarla tanto en la cadena de mando nacional, como en la coordinación con el mando de Atalanta. Pero de ahí en adelante, todo ha sido una cadena de dislates.
Nada nos obligaba a actuar con escrúpulos jurídicos frente a la antijuridicidad total de los captores, sino a hacer lo que fuera menester para liberar a nuestros pescadores. Sobre todo, obrar con escrúpulos jurídicos que más tarde habrían de ceder ante la incapacidad de casarlos con la relación de fuerza respecto a los captores. Esto es lo peor. Dar un paso sin haber calculado el siguiente ha significado que, sobre la humillación que se deriva de ceder ante la fuerza, se ha montado la de hacer copartícipe al Derecho de esa cesión. El Gobierno decidió desde el primer momento renunciar a la fuerza. No tengo elementos para juzgar, desde un punto de vista prudencial, si esa decisión era o no acertada. Doy por bueno que lo era: supongo que tanto el CNI como la Marina disponían de los elementos de juicio precisos para valorarlo, y que entendieron que el riesgo para nuestros pescadores era demasiado alto. Pero renunciar a la fuerza para la liberación no quiere decir renunciar a «cualquier fuerza» para propiciar el desenlace buscado. En su lugar, se ha optado por la careta del Derecho. Y tanto la fuerza como el Derecho han quedado desairados.
Ahora se trata tanto de ajustar las cuentas cuanto de prevenir la repetición. Lo primero exige que, en lugar de repartir felicitaciones a los ministros, se elucide por qué cada uno ha hecho la guerra por su lado. Pero lo segundo depende de que la «solución jurídica» para los dos piratas que aguardan su enjuiciamiento por la vía más expeditiva jamás vista por estos pagos sea compatible con el mínimo decoro. Poniéndonos en lo peor, no quiero imaginarme cuál sería la conclusión a la que puede llegar la industria de la piratería si, además del rescate, dentro de dos meses pueden recibir como héroes en Somalia a los tristemente famosos Abdu Willy y Raageggesey. El capitán pirata, cantando alegre en la popa, ya sabría qué bandera ondea en los «barcos chollo» para su lucrativa industria.