Rescate del «Alakrana»: puerta abierta al terrorismo

Tribuna | Ricardo Magaz

Profesor de Fenomenología Criminal de la UNED. Escritor

Para los más entregados a la versión oficial, el caso «Alakrana» se cerró el día que los 36 rehenes fueron liberados junto al barco atunero vasco, que permanecía secuestrado en el Cuerno de África a manos de los piratas somalíes, después de que, con el plácet del Gobierno español, se desembolsaran varios millones de dólares por su rescate y se claudicara en otras exigencias de los captores.

Para aquellos que desde un planteamiento estrictamente académico o profesional tenemos el propósito de ir más allá del mero barniz con el que se ha despachado el asunto y explorar las derivaciones, este caso no concluyó con la liberación de los rehenes. En absoluto. Realmente ese día se abrió una auténtica caja de Pandora al «negocio» criminal con patente de «corso». Y nunca mejor dicho.

Un delito no se puede solventar cometiendo una cadena de infracciones penales. Acceder al pago de rescates o no impedirlos a sabiendas, constituye un ilícito perseguido de oficio, tipificado en los artículos 407, 408 y 451 del Código Penal. La propia ONU considera la toma de rehenes como un importante delito y, por consiguiente, de obligado procesamiento las personas que realizan estas transgresiones, «negándoles los beneficios por sus actos punibles». Existen, pues, otras soluciones factibles y, por supuesto, ajustadas a la ley y a la salvaguarda de la vida de los secuestrados, como muy bien ha señalado la UFP en el programa Panorama de Seguridad.

Entre los expertos del mundo de la criminología, la seguridad o la investigación, es cosa probada que quien paga un rescate, un «impuesto revolucionario» o cualquier otro tipo de extorsión facciosa, mafiosa o subversiva, alimenta la financiación criminal y anima la «industria» del delito organizado. Con ese dinero se acabará matando tarde o temprano a alguien. Colaborar con una banda armada mediante compensación económica o, en su caso, el consentimiento y/o el amparo es, además de grave delito, una acción que acarreará consecuencias desdichadas. Cuando se cede a las exigencias de los malhechores, sean corsarios, terroristas, traficantes de drogas, asesinos o violadores, el Estado de Derecho entra en un retorcido desplome difícil de justificar y, lo que es aún peor, de atajar, como veremos más adelante.

Pero no todo es vil metal en el despropósito del «Alakrana». El enjuague ad hoc que se pretende llevar a cabo por parte de algunas instancias en el proceso judicial exprés con los dos bucaneros detenidos en España, a fin de cumplir el «trato» sellado desde Madrid con los asaltantes del buque vasco en el Océano Índico, es otra fractura en la credibilidad del sistema.

Y por si fueran pocas las iniquidades, de nuevo se contraviene la legalidad vigente y las reglas internacionales de la «operación Atalanta» de la UE, al no practicar la detención de los bandidos cuando abandonaban con imperturbabilidad y satisfacción el barco una vez cobrado el rescate y ya liberados y asegurados los marineros. Una clara dejación de funciones del Ejecutivo español, encargado de dar la orden explícita de arresto, a pesar de las explicaciones pueriles ofrecidas en el sentido de haber realizado unos ornamentales e histriónicos disparos «disuasorios» de ametralladora desde un helicóptero para justificar de cara a la galería lo injustificable.

Así las cosas, y considerando el peligroso precedente creado con el «Alakrana», cualquier analista en la materia sabe que a partir de ese momento el riesgo de que ETA maniobre al rebufo de los sucesos marítimos para ejecutar un secuestro con el objeto de echar un pulso al Estado y ponerlo contra las cuerdas ante la opinión pública, después de que el Gobierno se haya rendido a las exigencias económicas, personales y de trato preferencial a los piratas, es altísimo, por no decir, extremo. Ojalá nos equivoquemos, pero esa es verdaderamente la situación. La doctrina de los «hechos y las consecuencias» no ayuda mucho al error. La coyuntura y los años, tampoco.

Para concluir, una última reflexión a pie de calle; ¿con qué ánimo van a perseguir los agentes de la autoridad a quienes en nombre de la banda terrorista etarra extorsionan mediante el llamado «impuesto revolucionario»? No es baladí la cuestión. No lo es. « Sublata causa, tollitur efectus» , nos dejaron sentenciado los juriconsultos romanos.