Diario de León
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Con viento fresco josé a. balboa de paz

Al Gobierno se le acumulan los problemas, a cada cual más grave. El último, la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no del estatuto catalán; pues uno de los jueces progresistas, Manuel Aragón, no da su brazo a torcer y, en estos momentos, son mayoría los que lo creen, en su preámbulo y en muchos artículos, anticonstitucional. Por eso, los nacionalistas gritan y amenazan con no se sabe que gravísimas consecuencias para la convivencia nacional. La presión sobre el Tribunal Constitucional, con un editorial publicado por doce periódicos catalanes, además de inaceptable, resulta insólito en una democracia y demuestra la deriva totalitaria del nacionalsocialismo catalán, encabezado por un andaluz separatista.

Ante esa amenaza, al presidente del Gobierno no se le ocurre otra respuesta que hablar de respeto a la libertad de expresión, como si fuera eso lo que realmente se dilucida en ella. La quinta ley, según Las leyes fundamentales de la estupidez humana, de Carlo M. Cipolla enuncia que «la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe», incluso, añade como corolario, más que el malvado; pues si en una sociedad todos fueran malvados perfectos, ésta quedaría en una situación estancada, pero no se producirían grandes desastres; unos y otros, por tiempos, se equilibrarían. Pero cuando los estúpidos entran en acción, las cosas cambian completamente. Las personas estúpidas ocasionan pérdidas a otras personas sin obtener ningún beneficio para ellas mismas. Por consiguiente, la sociedad entera se empobrece. ¿Seremos estúpidos?.

Frente al malvado o al estúpido, el político tiende a actuar mediante la Razón de Estado, concepto funcional que Maquiavelo entiende como instrumento de poder para lograr el orden necesario para que la comunidad política pueda existir. Para ello, aquél tiene que poseer la virtud, que es sabiduría práctica entretejida de coraje, arrojo, bravura, acción e incluso violencia. Si nuestros políticos actuaran así sabrían qué se esconde tras el debate sobre los conceptos de nación y soberanía nacional. Este último no es un concepto funcional sino ontológico. Para Jean Bodin, el francés que en el siglo XVI lo acuñó, la soberanía es el poder absoluto y perpetuo, lo que implica que es ilimitado e irresistible, y sobre todo indivisible. No puede haber dos poderes absolutos en el Estado, pues uno de ellos estaría sometido al otro y dejaría, por tanto, de serlo.

Desde la revolución francesa la soberanía reside en la nación que, pese a Zapatero, no es «un concepto discutido y discutible», como bien saben los nacionalistas que han puesto mucho empeño en que aparezca en el preámbulo del Estatut. Si se aceptara esto, la soberanía en Cataluña residirá en la nación catalana; pero la actual Constitución española dice, en su artículo 1.2., que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Dos soberanías, dos poderes absolutos, por definición, no pueden caber en el mismo Estado, por tanto la conclusión es evidente. O una de ellas no es una verdadera soberanía, es sólo autonomía, y por tanto, para ese viaje no hacían falta tantas alforjas, ni ruido ni inquietud entre los españoles; o bien, si hay dos soberanías debe haber dos Estados. Ésta es la pretensión última, y todo lo demás son eufemismos y pamplinas.

Ahora se ve que Zapatero o bien fue un irresponsable al decir que acataría la decisión del parlamento catalán, o bien que estaba mintiendo; pues sabía que por encima del Parlament, en un Estado de Derecho con división de poderes, está el Tribunal Constitucional. En todo caso, ha creado un problema donde antes no lo había. Aprobar el Estatut tal como ha sido redactado es el empujón final para la independencia de Cataluña, pese a que sólo fue aprobado por uno de cada tres catalanes, lo que indica que son los políticos los que están llevando al país al despeñadero. Si por el contrario, es declarado anticonstitucional, Zapatero habrá añadido más leña al fuego del victimismo nacionalista.

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