Ya no cabe achicar más el sector minero

Tribuna | Alberto González Llamas

Secretario General Fed. Ind. CC.OO. León

Comisiones Obreras cree que se está manteniendo una gran presión desde el l obby eléctrico para incrementar la tarifa eléctrica -”su constante pelea con los distintos Gobiernos-” y que, cargar en el recibo de la luz el coste que para el Estado tendría la protección del carbón autóctono, sería muy bien visto por la patronal eléctrica porque ayudaría a enmascarar una subida en la tarifa por otros conceptos de más del 13%.

En relación a los efectos medioambientales, por un lado el carbón nacional viene contribuyendo con reducciones de esos efectos, año a año, desde que existen planes nacionales. Por otro, desde León defendemos iniciativas como el proyecto que, si se desarrolla plenamente, capturará en una planta el CO2 resultante de la combustión de la térmica, evitando así el efecto contaminante.

A CC.OO. no nos resultan garantías sólidas las muestras aisladas de apoyo al sector que se pueden dar de modo disperso en nombre del Gobierno nacional o desde el autonómico porque sabemos que las de ambas formaciones políticas son forzadas. Si existe un plan hoy que sigue a otro anterior, esto se debe a la movilización de los mineros y de manera especial en León. Este plan tardó en negociarse, hubo encierros, paros. Tuvo que ser arrancado a la voluntad del Gobierno del PP en el 98 y al del PSOE en el 2006, que finalmente lo firmó. Ahora el acuerdo vincula y para la Federación de Industria de CC.OO. lo que tiene que hacer el Gobierno actual es menos propaganda y más defensa de los compromisos suscritos, hablando con una sola voz y dejando clara su posición, para no crear confusión entre declaraciones del propio presidente del Gobierno y las de miembros del Gobierno del PSOE en contra del carbón. Lo mismo es válido en el caso del PP, que aquí lo apoya y en Madrid afirma que podría votarse en contra.

Abrir un debate ahora sobre las ayudas al carbón es muy sospechoso para CC.OO. porque las reglas de juego ya están acordadas con el Gobierno español y autorizadas por la UE, teniendo por tanto un soporte legal en los dos ámbitos.

Sabemos que juegan intereses muy diversos: económicos, empresariales y de mercado; pero que políticamente se juegue a malos y buenos lo único que demuestra es que ninguno de los partidos políticos con posibilidades de gobernar tiene claro el papel del carbón en España y que, si ambos han aceptado planes ha sido para evitar problemas al ver las movilizaciones. Hay, por otro lado, otros peligros para el carbón leonés. Debería decirse más bien, para el empleo minero en León. La apuesta empresarial por grandes inversiones en minería subterránea -”la que más empleo genera-” fuera de esta provincia, cómo no, irá acompañada de nuevas contrataciones, desplazará empleos desde León hacia la comunidad autónoma vecina. El resultado será totalmente negativo para las comarcas leonesas, en términos de mano de obra, que no tiene yacimiento preparado y disponible por mucho tiempo aquí, pero sí en estos otros proyectos que desde nuestra provincia tanto se aplauden y celebran.

Si quisiésemos entrar a fondo en las cuestiones verdaderamente interesantes para los afectados, lo primero de todo sería conocer claramente la única voluntad con capacidad decisoria y concluyente: la del Gobierno. Porque los demás argumentos que en otros tiempos tuvieron peso para la defensa del carbón leonés, alusivos a la mayor eficiencia de la gestión privada, a los menores costes de este tipo de gestión para las arcas públicas y a la biensonante mayor competitividad de las minas privadas, no sirven de mucho hoy ante esta Europa verde, que sólo autoriza a los Estados a que las prime si no pasan de ser una quinceava parte del total de los recursos energéticos empleados en la producción eléctrica nacional.

En esos raquíticos márgenes, en lo que al empleo del combustible propio se refiere, el sector está ya tan achicado que no debería suponer mayores problemas mantenerlo si se basa en un interés general. Pero, una indiferente gestión empresarial que tuerce con frecuencia estos propósitos, y el aspecto reindustrializador que no acierta, debilitan los apoyos necesarios en el quizás último estado-reducto en el que la minería se viene defendiendo sin límite en el tiempo.

Con una Unión Europea en la que no hay gran interés, quizás haya de hablarse, para España, en otros términos y con más garantías. Si ha de defenderse, habrá efectivos. Pero es el Estado, su Gobierno, quien tiene que dirigir todo esto, en el más amplio sentido de lo que se ha expuesto aquí. Desde esa seguridad los retos temp orales tendrán una encendida defensa.