El Estado laico
Panorama | antonio papell
Como es conocido, el partido del Gobierno, apoyado en las minorías de izquierdas ERC, IU-ICV y el BNG, impulsó una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aplicar en los centros escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo «respecto del artículo 9 del convenio europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión desde el principio de neutralidad ideológico y religioso del Estado y, especialmente, en lo relativo a los Centros Escolares». Como se sabe, el referido Tribunal manifestó el pasado 2 de noviembre en una relevante sentencia que la presencia de crucifijos en las aulas supone «una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones» y de «la libertad de religión de los alumnos». Dicha sentencia respondía al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases y que, tras la pasividad de los tribunales italianos, decidió plantear su caso ante la jurisdicción europea.
CiU justificó su voto en contra de la proposición con el argumento del respeto a la autonomía de los centros, y destacó una carencia clara de la resolución aprobada por la Cámara Baja: la retirada de los símbolos religiosos es exigible en los centros educativos públicos, no en los privados con un ideario; el portavoz socialista explicó sin embargo de viva voz que éste es el sentido de la propuesta. Y el PP sencillamente atribuyó la iniciativa parlamentaria al «furor anticlerical» del PSOE. El presidente Rodríguez Zapatero, con buen sentido, ha quitado hierro a la proposición auspiciada por su grupo parlamentario, ha aplazado cualquier medida a la confección de la nueva ley de Libertad Religiosa y ha garantizado que en estas materias delicadas se buscará el mayor consenso posible.
El asunto es sensible para una sociedad que no hace tanto tiempo creció y se aculturó en un modelo autoritario y confesional y que ha debido acostumbrase a la policromía actual. Y de ahí que la gestión de la laicidad, consagrada constitucionalmente, deba llevarse a cabo con sumo cuidado, con la debida naturalidad y sin otro fin que facilitar la pacífica coexistencia de personas y grupos con convicciones e ideas diferentes que sin embargo están decididas a explotar el acogedor ámbito de convivencia que la democracia y la Carta Magna ofrecen. La supresión de símbolos religiosos en los centros escolares públicos y en los privados concertados -”financiados con fondos públicos-” que no dispongan de ideario es coherente, en fin, con los grandes principios que inspiran tanto los regímenes democráticos cuanto la construcción europea. Más complejo resulta en cambio el tratamiento de los símbolos étnicos y culturales. En este último asunto, los criterios objetivos deben matizarse con un sentido creativo de la tolerancia, aunque sin ceder un ápice en aquellos aspectos del problema que lindan con valores irrenunciables. Por ejemplo, el uso del burka o la obligación del velo atentan claramente contra la igualdad de todos, lesionan la dignidad de la mujer y consagran una postergación de raíz pretendidamente trascendente que un sistema democrático no puede tolerar.