Una oportunidad irrepetible
El corro | pedro vicente
La pifia en torno a las descargas de Internet ha distorsionado el debate en torno a la Ley de Economía Sostenible, esa especie de reforma ómnibus con la que el Gobierno Zapatero pretende sentar las bases de un nuevo modelo productivo. Pese a lo mucho que tiene de cajón de sastre receptor de elementos de lo más variopinto, la iniciativa tiene la virtud de abrir el debate sobre la estrategia a seguir para encauzar un crecimiento económico estable a salvo de nuevas burbujas financieras.
Antes de intentar ningún consenso parlamentario, Zapatero ha decidido llevar el asunto a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, consciente de que sin el concurso de las comunidades autónomas -”que suman mayor presupuesto y más competencias que el Gobierno central-” dicha estrategia corre serio riesgo de quedar en papel mojado. En línea con la postura fijada por el PP, la Junta se ha apresurado a descalificar el contenido de dicha ley, pero se trata de ese tipo de críticas que han de tomarse a beneficio de inventario. También el PP y el gobierno Herrera han estado en contra del nuevo modelo de financiación autonómica y no por ello las comunidades populares han renunciado a que se les aplique. Independientemente de lo que depare esa conferencia -”que por las limitaciones de su formato no puede ser mucho-”, lo importante es que el debate se abra paso y que cada comunidad autónoma, además de realizar sus aportaciones al conjunto, se plantee en su propio ámbito el patrón de crecimiento más óptimo y ajustado a sus características. En este contexto y en sintonía con esa futura ley, Castilla y León tienen ante sí la oportunidad de diseñar su propio modelo de desarrollo sostenible basado en sus mejores recursos y potencialidades.
Acabamos de ver que la Consejería de Economía ha decidido abdicar del principio según el cual «la mejor política industrial es la que no existe», en el que parecía instalada, y se ha puesto a trabajar en una estrategia orientada a diversificar sectorial y territorialmente el tejido industrial de la comunidad. Se han definido 22 sectores, entre clásicos y emergentes, susceptibles de reactivar mediante la creación de clusters integrados por empresas, instituciones y agentes económicos y sociales. La iniciativa parece bien orientada, como seguramente lo está la Estrategia de Desarrollo Rural Sostenible recientemente presentada por la Consejería de Agricultura. El problema es que se trata de actuaciones inconexas no estructuradas bajo una planificación global. Sería deseable que las consejerías dejen de actuar como compartimentos estanco y que la Junta afronte esa estrategia integral de crecimiento sostenible, que pasa asimismo por abordar de una vez la ordenación global del territorio, cuestión fundamental además para el buen fin del Plan de Convergencia Interior y de la futura Agenda de la Población. Vista la inoperancia de la Comisión Delegada de Política Territorial y Desarrollo Rural, que preside la vicepresidenta primera, urge que el presidente Herrera delegue en otro órgano la responsabilidad de coordinar y estructurar dicha estrategia. De lo contrario, Castilla y León dejará escapar una oportunidad puede que irrepetible.