España en Copenhague
En el filo | antonio papell
La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático que se celebra en Copenhague, y que se rá clausurada el día 19, probablemente con la asistencia del presidente Obama, es, como se sabe, el resultado de la iniciativa de Naciones Unidas encaminada a contener las emisiones contaminantes que degradan el planeta y su objetivo más concreto es diseñar una nueva estrategia para proyectar hacia el futuro, con nuevas metas, el Protocolo de Kioto, cuyos efectos concluyen en 2012.
La comunidad científica -”de la que obviamente no forman parte los charlatanes catastrofistas que han intoxicado a la opinión pública con este asunto, y que a punto han estado de desacreditar la causa medioambiental-” está ya convencida de que la sostenibilidad del planeta Tierra requiere una reducción considerable de la presión contaminante que se ejerce sobre él, y que amenaza con producir daños irreversibles. Y el establishment político, presionado por la propia sociedad, ha terminado aceptando la obligación de tomar en cuenta tales opiniones.
La consecución de un mundo más limpio tropezaba sin embargo con un problema conceptual relevante, que fue la causa de la modestia de los resultados de Kioto (1997): el desarrollo «limpio» es mucho más caro que el que no tiene en cuenta tales condicionantes ambientales, por lo que los países emergentes se han negado desde el primer momento, con toda la razón, a lastrar su despegue industrial si no reciben la ayuda, en forma de subvenciones, de los países ricos, que han llegado a su estatus privilegiado sin tener que aceptar aquellas servidumbres.
Occidente ha transigido con estos requerimientos, no sólo por filantropía sino porque los países más desarrollados han descubierto el negocio de las energías renovables. En todo el mundo los ingresos de las empresas relacionadas con el cambio climático -”energías renovables, eficiencia energética, etc.-” se incrementaron un 75% en 2008 y alcanzaron los 530.000 millones de dólares. Tan sólo en España, las renovables han alcanzado un volumen de más de 7.000 millones, el 0,67% del PIB; ocupan a más de 120.000 trabajadores, evitan la importación de 10 millones de toneladas equivalentes de combustibles fósiles y la emisión de 23,6 millones de toneladas de CO2.
Pese a este esfuerzo, la situación en España no es ni de lejos satisfactoria. El análisis de Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica, revela que la dependencia exterior española sigue siendo del 84%, en tanto las emisiones de CO2 han aumentado un 56% en el periodo 1996-2008. Esta evidencia ha impresionado al Gobierno, que ha anunciado su disposición a dar un giro en su política energética -”recuperando incluso la energía nuclear-” si se avanza hacia un pacto global de todos los partidos.Tal propuesta ha sido efectuada directamente por Zapatero a Rajoy, y todo indica que podrá avanzar discretamente hacia un acuerdo de fondo, que sería sin duda muy positivo para nuestro país. Ésta debería ser, en fin, la contribución española a los objetivos que la comunidad internacional se marque en Copenhague.