El tercer problema de los españoles
Panorama | antonio papell
L a absoluta indiferencia con que la clase política ha recibido la noticia de que, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ella misma se ha convertido en el tercer problema de los españoles, tan sólo por detrás del paro y la situación económica pero por delante del terrorismo, la inseguridad ciudadana o la inmigración, confirma que los sociólogos han acertado en su dictamen: el establishment político de este país ha ido decayendo hasta niveles depauperados y preocupantes. Y esta constatación latía en el mensaje regio de la Nochebuena, en la reclamación de más «sentido del Estado» a los políticos.
Este juicio colectivo de valor que refleja el barómetro del CIS se basa muy probablemente en la estrepitosa abundancia de casos de corrupción, muchos más de los que resultarían imaginables, hasta dar lugar a una situación borrosa en que la venalidad se ha convertido en parte inseparable del paisaje. Esta proliferación de prevaricaciones y cohechos, de recalificaciones delictuosas y de descarados tráficos de influencias es, además de abominable y degradante, un factor de desorientación en el análisis. Porque la mala calidad de la política no se reduce a esta suma de escándalos que afectan a todos los partidos -”aunque a unos más que a otros, evidentemente-” y que en algunos casos son también transversales, es decir, rebasan o ignoran las fronteras ideológicas. Antes al contrario, la ya larguísima secuencia de investigaciones y procedimientos abiertos demuestra que el sistema tiene todavía una potente capacidad de autorregeneración; que al menos quienes encarnan los poderes ejecutivo y judicial están siendo capaces de dar la batalla con cierta eficacia a la depravación y a la inmoralidad.
La mala calidad de la política no es, por supuesto, ajena a estos episodios pero no puede quedar reducida exclusivamente a ellos: más bien consiste en la insolvencia generalizada y en la frivolidad frecuente de los profesionales de lo público. La corrupción, con ser grave, se corrige por procedimientos conocidos; no es tan fácil en cambio abordar las desviaciones de un proceso político en que sus actores han olvidado el libreto y están incurriendo en una detestable parodia democrática. El gran problema que tiene este país en esta legislatura es la recesión, y la gravedad de la crisis es tal que no se encuentran argumentos que expliquen que los grandes partidos, en lugar de disponerse a trabajar hombro con hombro para buscar soluciones, minimizar daños y restañar heridas, se enzarcen en una enconada batalla entre ellos para intentar sacar el mayor rendimiento posible de la pésima coyuntura.
En los últimos años, no ha habido en España debate relevante que no se haya estrellado en el muro de la descalificación y del dicterio. En este concreto período de mayoría socialista, las propuestas parlamentarias del Gobierno no consiguen ser balanceadas racionalmente en sede parlamentaria puesto que, en cuanto asoman, son desacreditadas de inmediato. Y la dialéctica se reduce a una agotadora secuencia de airados alegatos de la oposición contra la inepcia del Ejecutivo, contrarrestada por la persistente queja de la mayoría por la falta de cooperación de sus adversarios.