Los ecologistas movilizarán Valladolid, Palencia y León contra el cementerio
Critican que la Junta de Castilla y León quiera «lavarse las manos» sobre el tema y califican de «rotundo fracaso» la convocatoria del Ministerio de Industria
Ecologistas en Acción rechazará la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares hasta que no se cierren todas las centrales de España. Por ello, ante las candidaturas presentadas en la comunidad, sobre todo, en la provincia vallisoletana, avanzó que la organización movilizará a la sociedad de Tierra de Campos así como a los ciudadanos de León, Palencia y Valladolid. Así lo aseguró ayer Fernando Ramos, uno de los representantes del colectivo en Castilla y León.
En ese sentido, el miembro de la organización ecologista denunció la «irregularidad» del procedimiento desarrollado por el Gobierno de España para buscar una ubicación al almacén nuclear. Precisó que el ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha resucitado un proyecto de la década de los años 80 que ya contó en la comunidad con la oposición de los vecinos de las comarcas de los Arribes del Duero (Salamanca) y Sayago (Zamora). Por ello, indicó que el Estado trata de «comprar voluntades».
Asimismo, Ramos señaló que la convocatoria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha sido un «rotundo fracaso» puesto que sólo once municipios han presentado su candidatura. «Los ayuntamientos de Castilla y León han aprobado la decisión deprisa y corriendo, sin informarse de las condiciones», dijo y apuntó que Torrubia de Soria no podrá albergar el cementerio nuclear ya que se encuentra ubicado en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada Campos de Gómara. Es decir, no cumple uno de los requisitos exigidos por el departamento de Miguel Sebastián que excluye los espacios naturales protegidos. El miembro de Ecologistas en Acción también criticó la «demagogia» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que se confesó el «más antinuclear» y no ha cumplido su promesa de proceder al «cierre ordenado» de las centrales. Por ello, Fernando Ramos pidió su dimisión al tiempo que censuró que la Junta de Castilla y León quiera «lavarse las manos» y se dedique a «defender los intereses de las compañías eléctricas».
