Una carrera de obstáculos

El ejercicio del derecho a la salud, y aún más en el apartado específico de salud mental, es una auténtica carrera de obstáculos para las 230.000 personas con discapacidad intelectual en España. La situación ha sido ya denunciada reiteradamente por el movimiento asociativo, que, lejos de quedarse en la crítica, ha tomado la iniciativa para rebajar esas barreras con programas como Yo también digo 33 o una guía para que el personal sanitario sepa cómo atender mejor a ese tipo de pacientes en la consulta médica.

En la misma línea de garantizar autonomía, calidad de vida y participación social a los miembros del colectivo, se ha creado el Grupo Derechos en Discapacidad Intelectual, promovido por el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

El telón de fondo deja mucho que desear, ya que las personas con discapacidad intelectual tienen más problemas de salud que la población general, pero acuden menos a los servicios sanitarios debido a barreras de todo tipo. En el caso de la salud mental, el presidente de IberCiSalud, Manuel Amarilla, y el decano del Copm, Fernando Chacón, coinciden en definirla como «asignatura pendiente» y «gran reto del sistema sanitario». Máxime cuando, como recuerda el responsable de Calidad de Feaps, Javier Tamarit, una de cada tres personas del colectivo «va a tener una alteración importante en salud mental», lo que «conlleva una vida de mayor dificultad y menos oportunidades, con influencia en la familia».

Este apunte final no es baladí, porque, como remarca Amarilla, «las familias han cumplido una misión casi heroica» para asegurar la atención a sus seres queridos con discapacidad intelectual. Y ello a costa de un gran sacrificio personal y material.