Madrid amenaza con denunciar al padre de Najwa por prohibirle estudiar

Lejos de solucionarse, el conflicto sobre el uso del hiyab -“velo islámico-” en el aula por parte de Najwa Malha se enquista y toma un cariz de consecuencias difíciles de prever y con riesgo de expandirse. La joven de 16 años de Pozuelo de Alarcón apartada del Instituto Camilo José Cela por portar este pañuelo en contra de la normativa del centro, ha desatado una ola de protestas e indignación en las asociaciones islámicas y un nuevo choque político entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación.

Las acusaciones y críticas de los implicados han dado paso a las amenazas de judicializar el caso. Así, la consejera de educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, advirtió ayer de que en caso de que la joven no asista a clase o, llegado el momento, se niegue a trasladarse a otro centro de la localidad que permita el velo, denunciarán al padre por «vulnerar el derecho a la educación de su hija». Además, considera que la actitud del progenitor es de «desafío» por no acatar la norma del instituto que prohíbe cubrirse la cabeza con ninguna tipo de prendas, ya sean gorras o pañuelos. Estas declaraciones van en consonancia con lo expuesto el día anterior por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, contraria a que los niños lleven la cabeza tapada en los centros educativos. Un reglamento que, según el propio instituto, Najwa incumplió premeditadamente, pues al comienzo del curso repartieron una circular incidiendo sobre este tema.

Sin embargo, la ausencia de una legislación estatal y la autonomía de cada centro para regular este aspecto, provoca las discrepancias entre las distintas administraciones. Por tanto, frente al respaldo sin fisuras del gobierno autonómico a la dirección del instituto, desde el ministerio de Educación se aboga por la reintegración de la alumna lo antes posible. Así lo manifestó Gabilondo, al aclarar que la prioridad debe ser el derecho a la educación de la adolescente.

Precedente. La reacción desde la Federación de Entidades Religiosas Islámicas de España (Feeri) ante una decisión que califican como «discriminatoria» ha sido contundente. Están dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional porque consideran que es el instituto quien impide dicho derecho de educación a la adolescente. Esta organización entiende que la prohibición es contraria a la integración. Además, desde la Comisión Islámica se muestran temerosos de que lo ocurrido en Pozuelo sea un peligroso precedente.