El Gobierno asegura que la norma busca la protección de las menores

La ministra de Sanidad recordó a los consejeros del PP que el propio presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, había reconocido que «nadie mejor que los propios profesionales» de la medicina para valorar la situación en que se encuentra una menor que quiere abortar. Precisó, además, que el médico podrá evaluar la situación de aquellas menores de 16 ó 17 años que aleguen que son víctimas de «coacción o violencia intrafamiliar». «Se establecen todas las garantías y cautelas», toda vez que, los médicos, en estos casos pueden solicitar un informe a un psicólogo o un trabajador social sobre la situación real de la joven.

«Existen dudas entre algunos profesionales, pero con carácter general no se altera la propia decisión que tenían que adoptar» los médicos. Jiménez defendió que «el marco jurídico dota de una total garantía a la mujer, que la nueva ley ha perfeccionado». «Además, cuando ellos han gobernado -”dijo en referencia al PP-”, han mantenido la ley anterior». El primero de los reales decretos que se debatieron en el Consejo Interterritorial persigue el doble objetivo de regular, por un lado, los comités clínicos encargados de confirmar el diagnóstico de las enfermedades extremadamente graves e incurables del feto y, por otro, los aspectos relativos a la prestación del consentimiento de la mujer que haya solicitado la práctica de la interrupción.