El TC admite a trámite los recursos del PP y de Navarra contra la ley del aborto

El Tribunal Constitucional va a escuchar al Congreso, al Senado y al Gobierno antes de decidir si suspende de forma cautelar la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del embarazo, como ha solicitado el PP.

La norma, en cualquier caso, entrará en vigor el lunes ya que no hay tiempo material para que el pleno de la corte decida sobre una paralización preventiva del texto, una medida muy improbable, según todos los juristas consultados, y sin antecedes conocidos. Los 11 magistrados de la corte acordaron ayer admitir a trámite los recursos contra esta normativa presentados por el Gobierno de Navarra y el Partido Popular a principios de junio.

En su escrito, la formación que lidera Mariano Rajoy había solicitado al tribunal que, antes de resolver sobre la constitucionalidad de los ocho preceptos impugnados, frenara de manera provisional la aplicación de la normativa aprobada definitivamente por el Senado el pasado 24 de febrero con 132 votos a favor y 126 en contra, y que el Boletín Oficial del Estado publicó el 4 de marzo.

Argumentos. Antes de pronunciarse sobre la suspensión cautelar, que en cualquier caso sólo afectaría a los artículos en controversia, los magistrados, como es preceptivo, quieren conocer las argumentaciones del Parlamento y el Ejecutivo, a los que dan un plazo de tres días para que «puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas». A pesar de lo apresurado de los plazos, es imposible que el tribunal pueda decidir sobre la suspensión antes del lunes, ya que no hay convocado pleno alguno durante el fin de semana y es probable que las 72 horas concedidas a las partes no empiece a computarse hasta este el jueves o el viernes, cuando éstas reciban la notificación

Los populares reclamaban que la suspensión cautelar se extienda hasta que haya una sentencia firme sobre la constitucionalidad de la ley, lo que en la práctica supondría retrasar varios años la aplicación de la controvertida norma, más allá, incluso, de las próximas elecciones generales en el 2012. El PP ya ha anunciado que si llega al Gobierno derogará esta norma. Según fuentes próximas al tribunal, no hay precedentes de que el Constitucional haya suspendido, siquiera parcialmente, la aplicación de una ley orgánica, por lo que se considera «altamente improbable» que lo haga ahora.

En las dos providencias dadas a conocer ayer, el Constitucional también ordenan dar traslado de los recursos y de la documentación aportada por el PP y por el Ejecutivo foral a los presidentes de sendas cámaras y al Ministerio de Justicia para que en el plazo de 15 días se «personen en el proceso» y presenten sus argumentos a la cuestión de fondo.