El Gobierno cede ante los imanes y renuncia a prohibir el uso del burka

No habrá veto al burka ni su uso se regulará en la ley de libertad religiosa. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha tardado varias semanas en encontrar una posición clara y unitaria al respecto. El debate alentado en Cataluña por el Partido Popular y Convergència i Unió, y trasladado después a todo el país, le cogió con el pie cambiado, pero ahora la decisión está tomada. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha dado orden de que en adelante se defienda que en España ya existen instrumentos legales suficientes para hacer frente a un problema que, argumenta, ni siquiera es tal.

La tesis gubernamental consideran que casi se pueden contar con los dedos de la mano las mujeres que cubren su rostro y su cuerpo con un velo integral. Quizá, dicen, no lleguen al centenar. Y esta cifra es, a su juicio, demasiado baja como para que resulte rentable, en términos de convivencia y paz social, situar este asunto en la primera línea de la disputa política.

Fue el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien hace apenas quince días anunció su intención de limitar el uso de una indumentaria «difícilmente compatible con la dignidad del ser humano», dijo, en la futura ley de libertad religiosa. Era el primer miembro del Gobierno que hablaba con semejante claridad; lo que hizo dar por hecho que la suya era la postura oficial de todo el Ejecutivo. Nada más lejos.

Para empezar, Zapatero ha vuelto a dar una patada hacia delante a la citada ley, una promesa electoral con la que pretendía ahondar en la laicidad del Estado y adaptar la norma de 1985 a la realidad de los tiempos, ahora que la religión católica ha dejado de ser la única. No está el horno para bollos. Salvo la ley del aborto, el Ejecutivo ha dejado aparcadas todas las iniciativas que no tengan que ver con la economía y ya da por hecho que la ley de libertad religiosa no verá la luz este año.

1397124194 Leyes suficientes. Pero ese no es el motivo de fondo para negarse a regular sobre el burka o el niqab. «La pregunta, dijo hace unos días la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, es si queremos condenar a las mujeres que tienen que llevarlo puesto». El Gobierno entiende que el límite a la libertad de religión está en el mantenimiento del orden público y en el respeto a la integridad física y moral de las personas, pero insiste en que ambos pueden ser garantizados con la legislación existente.

Si una mujer es obligada por su marido a cubrirse el rostro, encontraría protección, conforme a los planteamientos gubernamentales, en el artículo 153 del Código Penal, que persigue la violencia física o psicológica en el ámbito familiar. El Gobierno aduce ahora que lo único que persiguen populares y nacionalistas es hacer «electoralismo» de cara a las próximas elecciones catalanes.