«La norma es de obligado cumplimiento»
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, recordó ayer a las comunidades que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el lunes, es de obligado cumplimiento para todas, ya que existen las condiciones técnicas y prácticas para cumplirla y todas cuentan con la documentación necesaria.
En declaraciones a los medios en el Senado, Jiménez se refirió a las reticencias de algunos gobiernos autonómicos, como el de Murcia, a aplicar la ley del aborto. A ellos se dirigió para recalcar que la norma ha entrado en vigor e insistir en que «todas las comunidades autónomas están sometidas al imperio de la ley».
La ministra criticó al PP por «incentivar» una situación en la que cada comunidad decide qué ley cumple y de qué manera, cuando «todos tienen que hacerlo con absoluta exactitud». Jiménez aseguró que las comunidades habían recibido en tiempo la información necesaria para aplicar la norma y sostuvo que la mayoría de éstas están preparadas.
La ministra recordó que la ley contempla que si alguna autonomía, con carácter excepcional, no puede ofrecer la prestación que la mujer requiere en el momento en el que se necesita, «puede excepcionalmente derivarlo a otra comunidad». Una situación que «se ha venido haciendo con carácter general durante todo este tiempo, sin ningún tipo de problemas», zanjó.
A este respecto, indicó que «todos saben que están obligados por la ley y que tienen la obligación legal de ponerla en marcha y atender a las mujeres que así lo soliciten».
Trinidad Jiménez recordó la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce a los médicos la objeción de conciencia con carácter particular y subrayó que los profesionales sanitarios pueden acogerse a esta cláusula.