La penúltima polémica sobre Doñana
El efectivo deslinde del tramo de costa de 34.730 metros y por el que ya se da luz verde a que comiencen las expropiaciones, reabre el debate sobre el parque natural
El deslinde de 34,7 kilómetros de playa del Parque Nacional de Doñana, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en cumplimiento de ley de Costas, ha generado una nueva polémica sobre la conservación de este valioso espacio protegido. Que el MARM haya preservado para el dominio público no sólo una franja de la playa, como defiende la Junta de Andalucía, sino todas las dunas que se adentran varios kilómetros hacia las marismas adentro, al considerarlas un único ecosistema, se ha malinterpretado como una recuperación por el Gobierno central de unas competencias sobre el Parque Nacional de Doñana conquistadas por la Junta de Andalucía tras litigar en el Tribunal Constitucional.
Los gobiernos central y andaluz se han apresurado a desmentir esta errónea interpretación competencial y la maliciosa opinión de que este ambicioso deslinde público escondía un correctivo del MARM a la protección que la Junta brinda a Doñana desde que la gestiona.
Futuro del espacio protegido. Pero la controversia ha obviado elementos cruciales para el futuro de este espacio protegido que, pese a su imagen de ecosistema prístino, soporta numerosas y agresivas intervenciones humanas que ha alterado sustancialmente durante el último siglo la intrincada red hídrica que conforma el estuario del Guadalquivir.
La playa de Doñana ahora deslindada carece de actividades económicas relevantes, pero no así el resto del estuario del Guadalquivir, en especial, sus dos riberas, cuya zona susceptible de ser preservada como dominio público sufre una creciente ocupación de arrozales, salinas, explotaciones de acuicultura o cultivos de invernaderos.