Sinde asegura que la nueva ley de webs no ataca la libertad de expresión
Los internautas bloquean las páginas de los partidos políticos como protesta
Sinde, durante el acto de clausura de las actividades programadas por el Año Jacobeo.
Las escaramuzas a favor y en contra de nueva normativa que regula las descargas en Internet, la ley Sinde, se multiplicaron este lunes, un día antes de que el Congreso de los Diputado debata y vote esta normativa. Los internautas en contra de la ley, atacaron las páginas de los partidos políticos a media tarde, aunque ya se produjeron incidencias desde primera hora de la mañana. Un bloguero (AnonymousNano) había llamado al sabotaje y los más descontentos acudieron prestos.
La web del PSOE se salvó del ataque de denegación de servicio (DDoS), que consiste en impedir el acceso a través de la banda ancha o recargar el sistema de la víctima. En cambio, las webs del PP y CiU sucumbieron a los saboteadores. Otra de las acciones ha sido llenar los buzones electrónicos de los diputados con correos que solicitan el voto contrario a la controvertida ley Sinde.
Acuerdo y desacuerdo. Los internautas también recibieron un espaldarazo de la Facua-Consumidores en Acción, que envió 29.755 firmas a los grupos parlamentarios para mostrar su descontento ante la propuesta. En el lado contrario, se sitúo la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, quien ofreció todo su apoyo al Gobierno. Además, indicó que de no aprobarse la Ley de Economía Sostenible (LES), el continente donde está la propuesta, sería «condenar a la desaparición gradual a un sector que concentra un 5% del PIB español y que crece por encima de dos dígitos en los países desarrollados, siendo motor de prosperidad y creación de empleo». Mientras los diferentes sectores implicados se reafirmaban en sus posturas, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, insistía en que esta normativa no tiene «nada que ver con la libertad de expresión» ni perseguirá las opiniones personales.
Recalcó que esta regulación es necesaria para dar «un nuevo modelo de difusión» a la cultura española e insistió en que se tienen que respetar «a todos los trabajadores que viven y participan» en cualquier actividad económica. No obstante, González-Sinde se mostró abierta a que pueda haber modificaciones que mejoren el texto y el proceso de cierre de páginas en la red. Los ciudadanos, autores o entidades de gestión de derechos pueden denunciar, según la normativa propuesta, a las webs ante una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura.
Aquí, PSOE y CiU están negociando que el nuevo organismo sea independiente. Después de escuchar las alegaciones de los dueños de la web (la ley nunca iría a por los usuarios) y rechazarlas, el caso pasaría a la Sala de lo Contencionso-Administrativo de la Audiencia Nacional.