Las casas de apuestas por Internet tendrán licencia y pagarán impuestos

Las páginas de apuestas por Internet tendrán que operar con una licencia y sus ganancias estarán sujetas a impuestos. Así lo establece el proyecto de regulación de la Ley del Juego, que pretende subsanar la laguna jurídica que existía en torno a las apuestas que se desarrollan a través de medios electrónicos, como el móvil o el ordenador. El texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros trata de proteger a los niños y ludópatas de los efectos indeseados del juego, y establece un régimen sancionador que prevé la imposición de multas de hasta 50 millones de euros para quienes operen sin autorización.

Desde que en 1977 se despenalizó el juego, mucho han cambiado las cosas en el mundo de las apuestas. Una de las más significativas es la irrupción de las casas de apuestas por Internet, cuyos operadores actúan en la alegalidad. Hasta ahora, las únicas actividades reguladas por ley eran las del juego presencial, el que se celebra en casinos y bingos, que se rigen por leyes de ámbito autonómico y cuyos ingresos tributan al fisco.

El juego electrónico es un saneado negocio que, según diversas asociaciones de empresas, generó unos beneficios de unos 315 millones de euros. Por añadidura, las casas de apuestas que operan en la Red se gastaron en publicidad y patrocinios unos 100 millones de euros. Gracias a la publicidad y patrocinio de los clubes de fútbol de primera división, han aflorado empresas en la Red como Bwin, Unibet, Interapuestas, Betfair o 12bet.

Para el Gobierno, muchas de estas sociedades no cumplen los requisitos de «seguridad, transparencia, fiabilidad e integridad». Cuando entre en vigor la ley, las casas de apuestas on line tendrán que disponer de una licencia para operar, como hacen los casinos y bingos y, lo que es más importante para Hacienda, habrán de pagar impuestos. Los ingresos fiscales irán a parar en su mayor parte a las comunidades autónomas, sobre las que recaen las competencias en materia de juego. En función de la actividad, se arbitrarán diferentes tipos de impuestos que gravarán los ingresos brutos de las compañías, algo que disgusta a los empresarios privados, que preferirían que la fiscalidad recayera sobre las ganancias netas de los operadores. Los gravámenes oscilarán entre el 5% sobre la base imponible y el 22%, que se aplicará a las apuestas deportivas mutuas.

Con todo, el Estado sigue reteniendo una parte importante del negocio. La norma destina de forma exclusiva la gestión de las loterías de ámbito estatal al organismo Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y a la Organización Nacional de Ciegos de España (Once). La primera de estas entidades cambiará su naturaleza jurídica y se transformará en una sociedad estatal, al tiempo que se privatizará en un 30% para reducir el déficit del Estado.

La norma aspira además a proteger a los menores y a las cerca de 40.000 personas que se confiesan ludópatas y que han pedido que se les deniegue el acceso a los juegos de azar. La Comisión Nacional del Juego será el órgano competente para vigilar el cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores y conceder licencias y autorizaciones. Además, aplicará las sanciones oportunas y garantizará el correcto funcionamiento del sector.