Somalia muere de hambre

La ONU declaró ayer oficialmente el estado de hambruna en dos regiones del sur de Somalia, Bakool y Baja Shabelle, algo inédito en este país durante los últimos veinte años, y pidió a la comunidad internacional 300 millones de dólares (algo más de 210 millones de euros) para «salvar vidas».

«Cada día que nos retrasemos en prestar asistencia es, literalmente, cuestión de vida o muerte para los niños y sus familias en las áreas afectadas por la hambruna», aseguró el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU para Somalia, Mark Bowden. «Si no actuamos ahora -”advirtió-”, la hambruna se extenderá a las ocho regiones del sur de Somalia en los próximos dos meses debido a las pobres cosechas y a los brotes de enfermedades infecciosas».

Casi la mitad de la población somalí, unos 3,7 millones de personas, está en una situación de crisis humanitaria, de los cuales 2,8 millones residen en el sur, indican los datos facilitados por las Naciones Unidas. La ONU aclaró que una hambruna se declara técnicamente cuando se combinan las siguientes variables: el índice de malnutrición aguda entre los niños supera el 30 por ciento, más de dos personas -”por cada 10.000 habitantes-” mueren al día y la gente carece de acceso a alimentos y otras necesidades básicas. Bowden remarcó que en Somalia los índices de malnutrición «son actualmente los más altos del mundo», y precisó que en algunas zonas de Bakool y Baja Shabelle se registran más de seis muertes diarias, por cada 10.000 habitantes, de niños menores de cinco años. «La falta de recursos es nuestra mayor limitación y preocupación», subrayó el responsable de la ONU, quien puntualizó que hacen falta «trescientos millones de dólares para afrontar la situación en los próximos dos meses». Con esa ayuda, aseveró Bowden, «hay vidas que se pueden salvar de manera inmediata».

El sur de Somalia se halla, prácticamente en su totalidad, bajo el control de la milicia integrista islámica Al Shabab -”estrechamente vinculada a Al Qaeda-”, que el pasado día 5 levantó el veto impuesto en el 2010 a las organizaciones humanitarias para operar en sus dominios.