Greenpeace denuncia que sólo cuatro grandes puertos españoles son rentables
La responsable de la campaña de Costas junto a la directora de Greenpeace.
Las organizaciones ecologistas cargan de nuevo contra el Ministerio de Fomento, al que acusan de invertir 911 millones de euros en grandes obras portuarias cuando la mayoría de estos puertos simplemente compiten entre sí. «Se están gestando puertos fantasmas que no tendrán barcos en el futuro», criticó la directora de Greenpeace España, Miren Gutiérrez. La organización denuncia que solo cuatro de los grandes puertos españoles (Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao), que concentran el 78% del tráfico de mercancías, son rentables. El resto, según Greenpeace, apenas tienen encargos y el movimiento en sus instalaciones es muy reducido.
El informe Destrucción a toda costa 2011 constata cómo el fin de la burbuja inmobiliaria no ha supuesto el final de crecimiento desproporcionado del cemento, sino que ha dado paso a la burbuja de las infraestructuras con un exceso de proyectos portuarios sin justificación económica. «Fomento está basando el Estado del bienestar en el ladrillo y el hormigón», aseguró Miren Gutiérrez.
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (Peit) del Gobierno prevé invertir 22.000 millones de euros hasta el 2020 en los puertos y en las carreteras de acceso a ellos. Sin embargo, «el beneficio de estas obras no supera los costes», señala la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos, quien recuerda que España es el país que más kilómetros de carretera tiene, «y esto no supone un repunte en la economía del país». «Con la ampliación de las costas se podría ir andando de Valencia a Mallorca», afirmó Pilar Marcos, en referencia a los 200 kilómetros lineales que se han ejecutado en el último lustro. Pese a los escasos resultados que ofrecen, 20 de las 28 autoridades portuarias siguen desarrollando proyectos de ampliación de sus instalaciones. Pero además del Ministerio de Fomento, el estudio de Greenpeace identifica más culpables, los ecologistas consideran que «la Unión Europea no ayuda nada financiando estas obras». Prueba de ello es que el 50% de la restructuración en las costas de Tenerife está sufragado por la Unión Europea.