«Será legal, pero no es ético»

La familia de Ramona Estévez la acompaña más tranquila en sus últimas horas una vez que han conseguido que el centro médico de Huelva en el que está ingresada le retirase la sonda nasogástrica con la que trataban de alimentarla pese a su voluntad y a que permanece en estado irreversible.

Esto sólo ha sido posible tras recurrir a la Junta de Andalucía, cuya consejería de Salud tuvo que intervenir para «recordar» al centro médico que la ley autonómica de muerte digna ampara el deseo de la paciente. «Habían convertido a mi madre en una máquina de bombear sangre, un vegetal», explicó con la voz rota José Ramón Páez, su hijo, una situación que «técnicamente podrá ser posible, pero éticamente es inadmisible e inhumano».

El calvario comenzó el pasado 26 de julio, cuando Ramona Estévez, que cumplirá 91 años la próxima semana, sufrió un infarto cerebral. Las primeras pruebas médicas confirmaron el peor pronóstico, que el cerebro estaba destrozado y no podían hacer nada ante su avanzada edad, por lo que ante lo irreversible de la situación los médicos la derivaron al hospital concertado Blanca Paloma, del Grupo Pascual, especializado en el tratamiento de personas mayores que se encuentran en estado terminal. José Ramón no ocultó su agradecimiento al personal de este centro por su dedicación y cuidado desprendidos hacia su madre, pero reconoció la tensión con el médico que les atendió y el «chantaje» al que se vieron sometidos. Desde el primer momento, expresaron la voluntad manifiesta de Ramona de no recibir tratamientos que prolongaran artificialmente su vida, una voluntad que había repetido en numerosas ocasiones a sus hijos o a las cuidadoras que se encargaban de ella desde que fue operada de una cadera. «Ella solo decía que cuando llegara el momento le dieran una pastillita para poder morir tranquila», rememoró José Ramón, quien insistió en que hasta el último momento su madre mantuvo la cabeza lúcida y buena salud.

Se trata del primer caso, desde la entrada en vigor de la normativa, en que la administración andaluza tiene que mediar en una situación para resolver un conflicto entre la voluntad de un enfermo y el tratamiento terapéutico aplicado, en este caso la alimentación por sonda. «Un caso clarísimo para aplicar la ley», según apuntan desde la asociación DMD.

Por su parte, la Consejería andaluza de Salud apunta que no han tenido que «dar ninguna orden» al hospital, sino «aclarar» la aplicación de la norma, y subraya que la dirección del centro «inmediatamente ha entendido los derechos legales del paciente y las garantías médicas» que recoge la ley.

Andalucía, pionera. La comunidad andaluza fue la primera en aprobar, en el 2010, la ley de muerte digna, norma a la que posteriormente se sumaron Aragón y Navarra y que, con carácter estatal, se encuentra aún en fase de proyecto de ley. Su aplicación en la región andaluza se realiza «con total normalidad» tanto en los centros públicos, según la responsable andaluza, María Jesús Montero, que recuerda que son situaciones que cada hospital tiene que resolver. «Pero si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o tiene algún obstáculo para poder desarrollarlos tiene a su disposición todos los mecanismos para pode reclamarlos, entre ellos, dirigirse a la propia Administración», subrayó.

El centro Blanca Paloma, que no ha querido pronunciarse sobre el caso, pertenece al mismo grupo en que se abrió otra polémica que dio aceleró la ley.