Diario de León

Defienden que la fórmula no es impedir el lenocinio en la calle

Las asociaciones creen que así se «invisibiliza y criminaliza».

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efe | madrid

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La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) considera que prohibir la prostitución en la calle «traslada el problema y lo invisibiliza», mientras que Hetaira, colectivo de defensa de estas trabajadoras cree que «criminaliza la actividad».

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana en el espacio público para prohibir la prostitución en la calle y sancionar a clientes y prostitutas, mientras que el de Madrid ha reclamado una propuesta común sobre la regulación de esta actividad en vía pública.

La portavoz de APRAMP, Rocío Nieto, recuerda que su organización lleva 26 años trabajando para defender los derechos de las prostitutas y se muestra partidaria de «abolir la prostitución y penalizar al usuario», como establece «el modelo sueco», explica.

«El problema no se va a solucionar con la prohibición en la calle, se va a trasladar a los pisos y se va a invisibilizar» esta explotación, asegura la responsable de esta organización, que facilita ayuda a mujeres obligadas a ejercer la prostitución, a las que aloja en pisos de acogida mientras resuelven su situación.

Considera que esta medida «va a perjudicar a las mujeres porque van a estar más controladas y explotadas por las mafias en sitios cerrados».

Otras soluciones. Desde el colectivo Hetaria Carmen Briz opina que «hay otro tipo de soluciones», como la instalación de «espacios donde puedan trabajar sin molestar a la ciudadanía, pero falta voluntad política para poner en marcha este tipo de iniciativas».

«Parece que lo que importa es que no estén en las calles, que no se les vea; no existe una preocupación especial sobre el tipo de condiciones en las que se ejerce la prostitución, ni sobre sus situaciones de vida», señala.

Este colectivo también se muestra en contra de sancionar a los clientes, porque cree que «criminalizando a los clientes, se criminaliza la actividad».

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