Diario de León

Marichalar se enfrenta a una multa de hasta 3.000 euros por el accidente

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efe | madrid

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Jaime de Marichalar se enfrenta a una multa de hasta 3.000 euros por una falta grave, contemplada en el Reglamento de Armas, al permitir que su hijo Felipe Juan Froilán utilizara un arma de fuego sin contar con licencia, a la que tampoco puede tener acceso por ser menor de catorce años.

Así lo aseguraron fuentes del cuerpo de seguridad de la Guardia Civil que informaron ayer de que, por el momento, el instituto armado no había abierto ayer una investigación por el accidente que sufrió el lunes en Soria el hijo mayor de la infanta Elena, y por el que permanecía ayer ingresado en un hospital madrileño, según las últimas informaciones.

Las mismas fuentes explicaron que es el hospital de Soria —el hospital de Santa Bárbara—, que en un primer momento atendió a Froilán tras recibir un disparo en el pie, el que está obligado a enviar un parte de lesiones al juzgado de guardia, que debe decidir a su vez si remite el caso a la Guardia Civil para que investigue los hechos.

En el caso de que la Guardia Civil abra finalmente una investigación por el accidente, es probable que los agentes tomen declaración a Jaime de Marichalar, que acompañaba a su hijo cuando se hirió en el pie de forma fortuita con una escopeta de pequeño calibre.

Fuera de la legalidad

Los artículos 105 y 109 del Reglamento de Armas establecen una edad mínima de catorce años para el uso de armas de fuego en cualquier circunstancia. Por su parte, el apartado C del artículo 156, castiga con hasta 3.000 euros «la omisión, insuficiencia o ineficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las armas que posean los particulares, en los domicilios o lugares de uso».

Además, el Reglamento de Armas prevé multas de 300 a 6.000 euros el empleo de cualquier clase de arma de fuego reglamentaria, «con omisión o insuficiencia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las personas y de las cosas».

Esta sanción acarrea también la retirada de las armas y municiones objeto de la infracción, así como de las licencias y guías de pertenencia correspondientes a las mismas, durante un periodo máximo que alcanza los dos años.

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