Ecuador admite su responsabilidad al violar los derechos del pueblo indígena
Los moradores se enfrentaron a una compañía petrolera argentina en 1996.
Comunidad indígena en Sarayaku, donde se reconoció la violación de los derechos.
El Gobierno de Ecuador reconoció ayer la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de un pueblo indígena amazónico que se enfrentó con una petrolera argentina, en una sesión «histórica» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada en su territorio.
Es la primera vez que el Ejecutivo hace esa admisión, según Mario Melo, abogado de los demandantes, que la calificó como «un paso muy importante», pues supone «un cambio de timón de 180 grados», en su opinión.
Aunque las supuestas violaciones de los derechos ocurrieron durante sus antecesores, el Gobierno actual, encabezado por Rafael Correa, había seguido negando las acusaciones.
La declaración tuvo lugar al final de una sesión que Diego García, el presidente de la Corte, tildó de «histórica», pues nunca antes esa entidad había escuchado testimonios en el lugar de los hechos. Además de él, que oyó el relato de nueve sarayakus sentado en una silla con el respaldo labrado en forma de sol, también participó la jueza Rhadys Abreu Blondet.
Los hechos se remontan a 1996, cuando el Gobierno ecuatoriano de entonces otorgó a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) el derecho a explotar el petróleo en la tierra de los sarayaku sin consultarlos. La compañía entró con el apoyo de soldados ecuatorianos, mientras que la comunidad se movilizó para defender su territorio y logró expulsarla tras una disputa que no causó víctimas. El Gobierno indemnizó recientemente a CGC con 20 millones de dólares.
En la casa comunal, con techo de hojas de palma y recién pintada, Alexis Mera, el asesor jurídico del presidente de Ecuador, Rafael Correa, sorprendió con la nueva postura del Gobierno. «El Estado reconoce la responsabilidad y está dispuesto a llegar a cualquier acuerdo de reparación», dijo Mera, uno de los consejeros más estrechos del mandatario.
Los 1.200 sarayaku esperan que una sentencia a su favor por parte del máximo tribunal de la región cree un precedente legal para toda América Latina que obligue a los Gobiernos a obtener el permiso de las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o mineras. En cambio, Correa dijo que la normativa internacional y ecuatoriana establece que esa consulta previa «no es vinculante».