Los objetores preparan una batalla judicial por excluir a los ‘sin papeles’
Consideran una obligación ética atender a los pacientes pese a las repercusiones.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, en una imagen de archivo.
«No nos va a quedar más remedio que recurrir a una larga batalla judicial». La afirmación es del doctor Salvador Tranche, secretario de la Sociedad Española de Medicina y Comunitaria (semFYC) y objetor de conciencia del decreto aprobado por el Gobierno y que excluye del sistema nacional de salud a colectivos como los ‘sin papeles’. «Seguiré atendiendo a mis pacientes porque tengo un compromiso con ellos que se ha visto alterado de la noche a la mañana», explica el doctor consciente de que incumplir la legislación podría acarrearle consecuencias profesionales o jurídicas. A menos de un mes de la entrada en vigor de la polémica normativa el 1 de septiembre el problema se enquista cada día más. El Gobierno no tiene intención de modificar la medida que obliga a ‘los sin papeles’ a pagar 710 euros al año, hasta 1.864 si son mayores de 65 años, para suscribir un convenio que les permita acceder al sistema público de salud.
«El médico hace un juramento hipocrático por el que está obligado a atender a cualquier paciente independientemente de su raza, sexo o religión», recuerda Pilar Navarro, secretaria del sector salud y sociosanitario de UGT. Pero las dudas se agolpan. ¿Cómo se articula esa objeción en la práctica? En la página web de semYFC ya han firmado más de 1.000 profesionales un documento en el que se declaran objetores. Este informe es remitido a los colegios médicos provinciales correspondientes y a las Consejerías de Salud de cada comunidad autónoma.
El Consejo General de Enfermería advirtió ayer sobre la «inviabilidad» conforme a derecho de la figura de la objeción de conciencia respecto a los no beneficiarios de la asistencia sanitaria. Recordaron mediante un comunicado que es el Ministerio de Sanidad la única entidad capacitada para decidir qué personas pueden acceder a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos.
Sin embargo, el Consejo también aseguró que propondrán a los Colegios Provinciales establecer consultas de enfermería que atiendan «de forma altruista» a estos enfermos. Una solución que no convence a los opositores del decreto.