Sanidad deja de financiar 417 fármacos
El Gobierno insiste en que con esta medida se logrará ahorrar 450 millones de euros pero los sindicatos acusan al Ejecutivo de «desmantelar» la sanidad pública y perjudicar a los colectivos más desfavorecidos .
Hasta ahora solo eran números. Desde ayer tienen nombres y apellidos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los 417 medicamentos que dejarán de tener financiación pública a partir del 1 de septiembre. Los fármacos excluidos de la cartera básica de salud son los más comunes y utilizados para «síntoma menores». El Gobierno insiste en que con esta medida ahorrará 450 millones de euros que permitirán mantener la «sostenibilidad» del sistema. Sin embargo, tanto los sindicatos como las organizaciones de consumidores consideran que perjudicarán a los colectivos más desfavorecidos y acusan al Ejecutivo de «desmantelar» la sanidad pública.
El ‘medicamentazo’ afecta a fármacos usados para combatir dolencias habituales como la sequedad en las vías respiratorias (mucolíticos), donde desaparecen varios tipos de acetilcisteína. Los antidiarreicos (Fortasec) o los corticoides contra las hemorroides. También se excluyen los fármacos para la tos, la inflamación reumática o contra la migraña. Medicamentos tan habituales como Almax, un protector gástrico, o el Voltarén, un antiinflamatorio, no estarán subvencionados.
«Se deja de financiar medicamentos no esenciales y así se asegura el acceso a todos los fármacos necesarios para las enfermedades que ponen en peligro la vida de los ciudadanos, sin importar su coste», aseguró la ministra de Sanidad, Ana Mato, a través de un comunicado. Además, el ministerio recordó que todos los medicamentos apartados tienen una alternativa en la Seguridad Social. El Gobierno destacó que el 70% de los fármacos eliminados del Nomenclátor (273) cuestan menos de cuatro euros. Sanidad rechaza las acusaciones sobre el supuesto «desmantelamiento» del sistema y recuerdan que España es junto con Francia e Italia, el único país que supera los 10.000 fármacos subvencionados, en concreto cuenta con 18.000.
Patologías graves
En cualquier caso, los médicos podrán seguir recetando estos fármacos siempre que los consideren necesario. De hecho, la normativa contempla excepciones para seguir financiando hasta 97 medicamentos siempre que formen parte del tratamiento de alguna de patología grave. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colón irritable y diverticulosis mantendrán la financiación de los formadores de volumen. Los laxantes osmóticos para casos de encefalopatía portosistémcia y paraplejia. También se mantendrán dentro de la cobertura pública los alcaloides del opio y derivados para pacientes oncológicos y de neoplásicos con tos persistente. Los asodilatadores periféricos para aquellos con claudicación intermitente y fármacos oftalmológicos para el síndrome de Sjögren.
Unas excepciones que a los facultativos les parecen insuficientes al dejar otras enfermedades crónicas al margen. «No solo no estoy de acuerdo, sino que dudo mucho que realmente se consiga el ahorro que el Gobierno dice», aseguró Fernando Molina, presidente de Sanidad del Csif. Y es que los que muchos críticos temen es que se receten otros fármacos más caros, pero subvencionados. Es decir, que se produzca un trasvase de un grupo no financiado a otro.
Para evitar este punto, el Gobierno pretende que las industrias farmacéuticas no incrementen el coste de los productos excluidos. Algo que desde los sindicatos consideran inviable. «No pueden frenar la subida de precios en un mercado de libre competencia», aseguró el secretario general de la Federación de Sanidad de CC .OO., Antonio Cabrera.
La medida está respaldada por la industria farmacéutica. La patronal ya explicó en su momento su disposición a cooperar con el Ejecutivo en todas las iniciativas que permitiesen garantizar la viabilidad del sistema público de salud. La exclusión de los 417 medicamentos se une al copago farmacéutico y a la exclusión de inmigrantes irregulares de la cobertura sanitaria.
Tarjeta para pensionistas
En julio por primera vez los pensionistas empezaron a pagar los fármacos hasta un límite de 8, 18 y 60 euros mensuales según sus ingresos. En caso de superar esa cuantía debían adelantar el dinero que se les reembolsaría en un periodo máximo de seis meses. Sin embargo, la comunidad de Madrid anunció ayer que distribuirá una tarjeta a los pensionistas para evitar que tengan que pagar más de lo que les corresponde.