Varias oenegés creen que el fallo del TC obliga a atender a sin papeles en toda España

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Intermón Oxfam y Red Acoge han acogido con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de permitir al País Vasco volver a prestar atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, al tiempo que han asegurado que el fallo "implica la obligación de garantizar el derecho a la salud"a este colectivo en todo el territorio nacional. En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de la CEAR, Estrella Galán, ha insistido en que "todas las personas tienen derecho a la salud y nadie puede ser excluido", una cuestión que "debe prevalecer sobre el supuesto beneficio económico" y no es negociable, "con o sin crisis".

Además, ha lamentado que se haya utilizado a los inmigrantes en situación irregular "como cabeza de turco por el gasto desmesurado que suponen a la sanidad, algo que no es real". Por todo ello, ha hecho un llamamiento al resto de comunidades autónomas y al Gobierno para que se vuelva a prestar la atención sanitaria a este colectivo porque, a su juicio, "queda mucho por hacer".

Por su parte, el director general de Intermón Oxfam, José María Vera, ha celebrado que el fallo del Alto Tribunal "aboga por mantener la cobertura universal y de calidad, independientemente de la situación de las personas". Vera también ha denunciado que los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los inmigrantes irregulares, paguen por el "derecho universal" que supone la asistencia sanitaria por lo que ha pedido al Gobierno que dé "marcha atrás" en este sentido, "sin excluir ningún tipo de enfermedad".

Por último, la directora de Red Acoge, Mónica García, ha valorado que la decisión del TC "dé rango al derecho de la salud" por lo que ha instado al Ejecutivo a "recapacitar" sobre este tipo de medidas. En la misma línea, desde Andalucía Acoge, han señalado que el fallo implica "una visión constructiva del Derecho a la Salud", al tiempo que han recordado a todas las administraciones "su deber con el derecho a la vida y a la integridad física y moral de todos los ciudadanos".