La dimisión de más de 300 directivos pone en jaque a la Sanidad madrileña

Los profesionales sanitarios madrileños cumplieron su amenaza y dieron una vuelta de tuerca más al enfrentamiento que mantienen con el Gobierno de Ignacio González y su plan de privatizar seis hospitales y 27 centros de atención primaria. Después de varios días de espera y dudas sobre los pasos a seguir, la Plataforma de Equipos Directivos de Centros de Salud presentó ayer en la consejería la renuncia de 322 profesionales correspondientes a 137 ambulatorios, una cifra que representa solo una más de las autoexigidas por la propia organización en una asamblea celebrada a finales de diciembre en el Colegio de Médicos de Madrid. Estas dimisiones entrarán en vigor cuando la Consejería de Sanidad publique el pliego de condiciones para la privatización de los centros en los próximos meses (el plazo se cerrará en junio).

Los responsables de esta plataforma indicaron que en unos 60 equipos, formados por un director médico, un responsable de enfermería y un miembro de la unidad administrativa, ninguno de sus miembros optó por presentar su carta de renuncia y que en otros 90 centros de trabajo cesaron todos sus miembros. Además, los dirigentes de esta organización que aglutina a todos los sectores implicados sacaron a la luz una iniciativa que mantenían en secreto: la renuncia, por escrito, de 3.000 profesionales que no están dispuestos a suplir a sus compañeros de los equipos de dirección. El plan del personal sanitario es sencillo. «En el momento en que digan que mi centro de salud se externaliza, desaparece mi papel como directivo y como médico del centro», comentó Paulino Cubero, portavoz de la plataforma.

Cubero también señaló que el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, no tendrá «nada sencillo» sustituir a los equipos directivos salientes y que el único interés del colectivo es defender una sanidad pública y universal. Nuevos contactos. Ambos portavoces insistieron en que la única motivación que mueve a los profesionales, tanto aquellos que presentaron su dimisión como los que decidieron no hacerlo, es evitar que los planes de privatización que adoptó el Gobierno regional el pasado 27 de diciembre. Además, reiteraron su disposición a acudir a los tribunales para evitar la privatización de los centros

Por su parte, el consejero de Sanidad minimizó la importancia de estas «futuras» dimisiones, que todavía no se han realizado.