El Consejo Escolar del Estado da el visto bueno a la reforma educativa

La reforma educativa sigue cumpliendo trámites hasta su aprobación definitiva en el Parlamento antes del verano. Este jueves el Consejo Escolar del Estado aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) a pesar de la oposición de los sindicatos de profesores, alumnos y asociaciones de padres y madres. El texto recibió 56 votos a favor y 36 en contra. Los cinco proyectos alternativos fueron rechazados

«Hemos hecho esfuerzos de aproximación para la búsqueda de consensos y están reflejados en el informe de la ponencia, pero hay determinado punto a partir del cual no es posible y entran en funcionamiento las reglas de las mayorías», aseguró el presidente del Consejo, Francisco López Blázquez. Los sindicatos CIG, FE-CC.OO, FETE-UGT, STES-i, el Sindicato de Estudiantes, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) y la asociación de padres y madres de alumnos Ceapa, criticaron el anteproyecto por ser aprobado «unilateralmente» y «sin diálogo». Por eso pidieron que el borrador sea devuelto al Gobierno. «Se ha constatado que existe una fractura en el seno del Consejo Escolar», aseguró el presidente de Ceapa, Jesús Sánchez. «El Gobierno tiene ahora mismo un rodillo en su mano, que es la mayoría absoluta en el Parlamento, que desoye completamente las demandas de la juventud y la sociedad», denunció el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado.

El rechazo que genera la ley en algunas comunidades autónomas también se ha escenificado este jueves. El Parlamento vasco pidió la retirada de la normativa por considerar que se trata de una ley «segregadora» y «recentralizadora». Por su parte, la consejera catalana de Educación, Irene Rigau, pidió al Ejecutivo que paralice la norma por el elevado coste de financiación de su implantación. Según la memoria económica los costes directos que asume el Estado íntegramente para adaptar la Lomce se multiplican por cinco. «Esto demuestra que es una ley improvisada, impuesta y falta de recursos», aseguró Rigau. Y es que serán las comunidades autónomas las que, a largo plazo, deberán asumir la mayor parte de la financiación de la nueva ley a través de los costes indirectos.

La siguiente gran cita de la Lomce será el 7 de febrero, cuando Gobierno y comunidades autónomas discutan la memoria económica de la ley.