Un juez obliga por primera vez a la Iglesia a pagar por el IBI
La sentencia sostiene que «no ha probado ser una entidad sin ánimo de lucro».
El Juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense autorizó ayer al Ayuntamiento de Allariz a cobrar del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica por varias propiedades urbanas. El juez dictaminó que la Diócesis orensana deberá abonar 329 euros correspondientes a cuatro recibos de propiedades eclesiásticas que no están exentas ni en el Concordato de 1979, ni en la Ley de Mecenazgo. Contra la sentencia no cabe recurso de apelación alguno y el pago deberá ser formalizado por su cauce administrativo habitual.
En la sentencia, contra la que no cabe apelación, el juez desestima el recurso presentado por la diócesis ourensana el 28 de junio del 2012 en el que pedía que se declarase la nulidad del cobro de estos recibos relativos a cuatro bienes inmuebles acordada por la junta de gobierno local en diciembre del 2011.
El juez carga duramente contra el informe de Hacienda solicitado por la Conferencia Episcopal. El obispado presentó una resolución de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda en la que se explica que la Diócesis de Ourense, como miembro de la Iglesia Católica, tiene derecho a la exclusión. Pero el escrito de Hacienda obvia en todo momento que los recibos hacen referencia a figuras tributarias que no están exentas. Por eso el juez tumba todos los argumentos aportados por la curia eclesiástica para evitar el pago.
Varapalo a Hacienda
En la sentencia, el juez explica que la Iglesia «no ha alegado y menos aún probado ser una entidad sin ánimo de lucro». El magistrado se remite en su fallo a la Ley reguladora de Haciendas Locales, así como al acuerdo establecido entre el Estado y la Santa Sede, que fija que estarán exentos del pago los lugares dedicados al culto, algo que, según sostiene, no ocurre en este caso.
La sentencia señala que la Iglesia no tiene derecho a la exención al tratarse de «inmuebles de naturaleza urbana que no se hallan en ninguno de los supuestos de exención legalmente previstos».
El Ayuntamiento de Allariz solicitó a la diócesis el pago del IBI correspondiente a cuatro fincas urbanas que aparecen recogidas en el plan general de ordenación municipal.
En rueda de prensa, el alcalde de esta localidad, el nacionalista Francisco García, mostró su satisfacción por la resolución, tras aducir que «no se puede hablar de exención», al tratarse de cuatro bienes de carácter urbano, que no están destinados a la actividad religiosa.
«Estamos hablando de cuatro fincas urbanas que tienen una naturaleza que en ningún caso propicia que puedan presentarse como exentas, por lo que no hay razón alguna para que en este tipo de propiedades no haya obligatoriedad de tributar», dijo.
«Más allá de la cuantía económica», el regidor nacionalista destacó la «importancia» de esta resolución, que sienta precedente puesto que recoge la «obligatoriedad» para la Iglesia de afrontar el pago por sus bienes inmuebles. También apuntó que se trata de una cuestión de «justicia» e «igualdad social» a la hora de cobrar a todos los titulares de propiedades este impuesto.