El Gobierno aprueba las líneas básicas en ciencia de los próximos cuatro años
«La espina dorsal» del I+D no estuvo acompañada de una memoria económica.
Protesta sobre los recortes en ciencia, en una imagen de archivo.
El Gobierno aprobó ayer las líneas básicas que seguirá la política científica en los próximos cuatro años, pero no las acompañó de memoria económica ni asignación presupuestaria. Los documentos que obtuvieron el visto bueno del Consejo de Ministros son la estrategia española de I+D+i y el plan estatal. Según el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se trata de la «espina dorsal» del sistema de I+D, una iniciativa con la que se pretende invertir bien cada euro y lograr que el gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico con relación al PIB llegue al 2% en el 2020. De acuerdo con UGT, el plan es pura palabrería, un «cascarón sin compromisos concretos ni presupuestarios».
Pese a las movilizaciones contra lo que amenaza ser el colapso de la ciencia, el ministro De Guindos niega la mayor y asevera que la partida de I+D es una de las pocas que no han sufrido recortes. El titular de Economía va más allá y sostiene que el Ejecutivo del PP ha aumentado en los presupuestos de este año un 5% la inversión en este campo.
Los datos, sin embargo, contradicen la versión del ministro. En dos años, el gasto ha experimentado una contracción del 30%. Las cuentas de I+D han pasado de 8.589 millones en el 2012 a 5.932 en el 2013, lo que supone una 2.657 millones menos.
Para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aparte de la eficiencia en el gasto, se quiere una mayor coordinación entre administraciones, comunidades autónomas y la propia UE, con el objetivo final de reducir la burocracia. La UE pretende que en el 2020 la proporción del gasto en I+D con relación al PIB sea de un 3%. España ya da por hecho que la meta es inalcanzable y aspira a que en ese año la inversión se cifre en un 2%. Por ahora se está muy lejos del objetivo comunitario, ya que en el 2011 el gasto fue de un 1,33% del PIB y en el 2016 se aspira a llegar al 1,48%.
Una década perdida
La austeridad está siendo especialmente cruenta con el sistema científico. En las últimas semanas, se ha sabido que el Gobierno ha reducido la cuantía adjudicada a los proyectos de investigación. Además, el plazo para la recepción de los fondos se amplía de tres a cuatro años. Así las cosas, los recortes pueden desbaratar el camino que costado una década en recorrer. La política de ahorro se ha traducido en la reducción drástica de las becas Ramón y Cajal, con la que se intenta recuperar científicos jóvenes formados en el extranjero, y en la disminución de los programas destinados a financiar a los centros más competitivos.
En los documentos, se apuesta por la movilidad de los investigadores entre el sector público y privado y aumentar el personal empleado en actividades de I+D, del 11,8 % en el 2010 (en relación con el conjunto de la población ocupada) al 13 % en el 2016.