La violencia de género se suma a la batalla entre Gobierno y oposición
El PSOE dice que se ha bajado la vigilancia y la vicepresidenta le acusa de «demagogia».
Mato, a su llegada a la Comisión de Igualdad del Congreso.
Ni la lucha contra la violencia de género queda al margen de la batalla política. Así quedó demostrado ayer en la sesión de control al Gobierno, donde el PSOE criticó los recortes presupuestarios en la lucha contra la violencia machista, mientras el Ejecutivo tachó el discurso de «demagogo». No fue el único rifirrafe en temas sociales. Los recortes en sanidad y la reforma del aborto también fueron protagonistas en el Congreso.
La trágica muerte en menos de dos días de tres mujeres (22 en todo el año) por sus parejas a puesto el foco en la actuación del Gobierno. La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, acusó al Ejecutivo de «rebajar el nivel» de las políticas de igualdad y de recortar el presupuesto en la lucha contra estas agresiones. Además, la diputada socialista criticó la «total improvisación y falta de coherencia» del Ministerio que dirige Ana Mato en este asunto por presentar un plan estratégico contra la violencia machista al tiempo que reforma el Código Penal para retirar varios supuestos de delitos y faltas relacionados con este tema.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó el «uso partidista» en un asunto «tan grave». «La violencia de género no es un tema para tirarnos los trastos a la cabeza», aseguró.
La polémica reforma educativa aprobada recientemente por el Gobierno también avivó este cara a cara. Soraya Rodríguez consideró como un «enorme error político» eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía —donde se fomentaba la igualdad de género— y promover «una educación segregada por sexos» al permitir la financiación pública de este tipo de centros. La vicepresidenta del Gobierno explicó que la mayor segregación existente es el elevado fracaso escolar y por eso defendió un cambio en el sistema educativo.
«Sentencia de muerte»
Más tenso fue el debate sobre los ajustes en Sanidad, en concreto por la pérdida de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes irregulares. La diputada socialista Patricia Hernández ha acusado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, de firmar «sentencias de muerte» en referencia al joven senegalés Alpha Pam, que carecía de tarjeta sanitaria y falleció por tuberculosis en su domicilio de Mallorca.
Mato explicó que la investigación ha demostrado que esa persona fue atendida en primaria y en urgencias, donde le practicaron pruebas diagnósticas y se activó el protocolo de salud pública correspondiente. «Ninguna, absolutamente ninguna persona ha quedado excluida de la asistencia sanitaria en España», sentenció.
Las discrepancias también asomaron en la reforma del aborto. El diputado socialista Eduardo Madina pidió al Gobierno que escuche a la mayoría de la población y no modifique la ley. En su opinión, de llevarse a cabo los planes del Ministerio de Justicia supondría «el mayor retroceso de los últimos 30 años que pretende convertir a las mujeres en ciudadanas de segunda».