El jurado popular declara culpable de once asesinatos al celador de Olot
El tribunal considera que Joan Vila sabía lo que hacía cuando mató a los ancianos.
El celador de Olot, Joan Vila, mientras habla con su abogado, Carles Monguilod.
Un jurado popular declaró ayer a Joan Vila, el celador de Olot, culpable de haber matado a 11 ancianos mientras trabajaba en el centro geriátrico La Caritat, en la provincia de Girona. Tras dos días de deliberaciones y después de dos semanas de juicio, las nueves personas —cinco hombres y cuatro mujeres— que integraban el tribunal popular dieron por cerrado el caso del mayor asesino en serie del siglo XXI en España.
Decidido de forma unánime, el veredicto de culpabilidad dejó claro que el presunto asesino no tenía ninguna alteración psíquica, como mantenía su abogado, y que ocasionó un sufrimiento innecesario a las víctimas, a las que mató suministrándoles barbitúricos triturados, haciéndoles tragar lejía o inyectándoles una sobredosis de insulina. El jurado rechaza que Vila matara a las víctimas por pena y considera que el celador sabía perfectamente lo que hacía. Por ello, los 11 asesinatos, perpetrados entre agosto de 2009 y octubre de 2010, fueron cometidos con alevosía y tres de ellos con ensañamiento.
Vila, que en el último día de juicio pidió perdón por los asesinatos que siempre reconoció haber cometido para que los ancianos no sufrieran, se enfrenta a una pena de 194 años de cárcel, según la petición del fiscal, y 202, según los abogados de las familias de las víctimas. Tras el veredicto del jurado, la Audiencia de Girona deberá concretar la pena de prisión. La sentencia está prevista para la semana que viene y en ella se podría arrojar algo de luz sobre las causas de los asesinatos.
El abogado de Vila, de hecho, pedía veinte años de libertad vigilada, con la obligación de seguir un tratamiento psiquiátrico, porque entiende que no era consciente de lo que hacía. Los psicólogos que comparecieron en el juicio declararon que Vila tenía «impulsos sádicos» y un «interés obsesivo» por la muerte, clave para descartar que sufriese una enfermedad psíquica.
Las acusaciones particulares han defendido distintas indemnizaciones económicas para sus diferentes representados, mientras que el abogado de La Caritat y el de la compañía de seguros han reivindicado que se apliquen los baremos de accidentes de circulación por entender que son los únicos que reconocen el «daño moral».