Diario de León
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antonio papell
León

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Esta pasada semana, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, dio una rueda de prensa para poner de manifiesto que en este país hay unos 873.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria, lo que dificulta extraordinariamente su acceso a la atención sanitaria -como es conocido, quienes estén en esta situación solo tienen derecho a ser atendidos en los servicios de urgencia- y, en ocasiones, llega a poner en riesgo su vida. La inmensa mayoría de estos inmigrantes, que llegaron a España cuando aquí eran reclamados para contribuir a nuestro desarrollo, son personas que ya están considerablemente integradas y forman parte de nuestro mundo, de las circulaciones sociales de nuestro alrededor. Su marginación es, pues, un severo golpe a la sensibilidad social de todos nosotros, que no deberíamos tolerar semejante atentado contra los más elementales criterios de equidad, de respeto a los semejantes, de ética pública en una palabra. Beltrán lamentó que en nuestra Constitución, relativamente moderna pero ya cargada de anacronismos, el derecho a la salud, como el derecho a la vivienda, no sea propiamente un derecho fundamental (la sección primera, ‘De los derechos fundamentales y de las libertades públicas’, artículos 15 a 29, no los incluye como tales) y quede relegado a un simple derecho común, regulado en el artículo 43, que dispone expresa y retóricamente que «se reconoce el derecho a la protección de la salud». Sea como sea, es en las épocas de adversidad cuando se mide la calidad de los regímenes políticos, y en este país la crisis nos ha traído desagradables claudicaciones, como la desprotección sanitaria de una parte notable de la ciudadanía y el anuncio de que el sistema de pensiones, del que depende el colectivo de los más necesitados, podría debilitarse, con la consiguiente mengua del nivel de vida de los pensionistas. Con claridad debe decirse que estos síntomas son tan preocupantes que no pueden pasar inadvertidos ni archivarse por irremediables. España tiene que reaccionar ante estas renuncias, que muestran unas carencias morales que debemos reparar a la mayor brevedad.

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