El ‘Prestige’ queda visto para sentencia tras nueve meses de procedimiento
Diez años después de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España y tras nueve meses de vistas, ayer quedó visto para sentencia el macrojuicio por el naufragio del Prestige, que tiñó de negro 1.500 kilómetros de costa atlántica y cantábrica y parte del litoral francés. El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Coruña, Juan Luis Pía, aseguró que «hay más implicados» que las cuatro personas juzgadas, «tanto responsables políticos como no políticos» pero evitó dar nombres.
Habrá que esperar hasta otoño para conocer una sentencia que dirimirá responsabilidades políticas y culpas económicas por una factura que alcanza los 4.328 millones de euros y con 1.500 afectados a la espera de percibir indemnizaciones por los daños.
Los números hablan por sí solos: 2.128 partes personadas, 50 abogados y 133 testigos que protagonizaron 400 horas de juicio distribuidas en 89 sesiones.
Tres personas se sentaron desde el 16 octubre en el banquillo de los acusados y una cuarta se encuentra prófuga. De ellos, solo José Luis López Sors, exdirector de la Marina Mercante, ocupaba un alto cargo en la administración, última responsable de alejar el barco mar adentro. La abogada del Estado, Consuelo Castro, defendió ayer durante tres horas de la vista a a Sors y, por extensión al Gobierno. Sors llegó a decir que si hubiera optado por refugiar el buque en puerto en lugar de alejarlo estaría «en la cárcel como Mangouras». Su antiguo jefe, el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que declaró como testigo, también se excusó con un símil.
«La culpa de las mojaduras la tiene el agua, no los paraguas», manifestó
Para el capitán Apostolos Mangouras, de 70 años, las acusaciones solicitan doce años de prisión por desobediencia y delitos ambientales, pero el fiscal se mostró contrario a que vaya a prisión porque no sería «ni sensato ni razonable». En su último turno de palabra dio las gracias a los gallegos por su «apoyo». Su jefe de máquinas, Nikolaos Argyroupoulos, pidió «perdón» por «los daños causados». El cuarto imputado, Ireneo Maloto, oficial filipino, sigue en paradero desconocido.