El Supremo dictamina que el Gobierno deberá pagar si cierra Castor

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno que buscaba anular la obligación de compensar a la empresa gasista Escal UGS propietaria del almacén de gas Castor en el caso de cierre, aunque este haya sido provocado por una mala actuación de la empresa. El alto tribunal considera que esta claúsula es legal e impone las costas de este proceso, que no podrán ser superiores a los 4.000 euros, al Estado.

Este litigio se inició en julio del 2012 cuando el Abogado del Estado recurrió un decreto aprobado en el 2008 en el que se impone esta obligación después de que la empresa Escal UGS, integrada en el grupo ACS, se hiciera con la plataforma gasista Castor. Las actividades de esta empresa se han paralizado desde mediados de septiembre tras registrarse numerosos movimientos sísmicos.

Los jueces rechazan la pretensión de la administración al asumir los argumentos de esta sociedad que alegó que si no percibía una compensación por el cierre "se produciría un enriquecimiento injusto del Estado que adquiriría gratuitamente unas instalaciones carísimas que nunca hubiera construido".