Los forenses que elaboraron el informe sobre Uribetxeberria comparecen ante el juez

Los dos forenses que elaboraron el último informe sobre el etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga comparecen este martes ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, después de que el fiscal pidiera una ampliación de ese dictamen ante su "ambigüedad e imprecisión". Para esta comparecencia, Castro ha citado a los dos forenses del Instituto de Medicina Legal adscrito la Audiencia Nacional autores del informe, Vidal Santos y Leonor Ladrón de Guevara, al fiscal del caso, Pedro Rubira, y a la abogada de Uribetxeberria, Ainhoa Baglietto.

Esta diligencia, que se celebrará a puerta cerrada en la sede del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, ha sido acordada por Castro para que el fiscal pueda pedir explicaciones a los forenses acerca de las conclusiones a las que llegaron en su informe, en las que afirmaban que el estado de salud del etarra había empeorado y que era desaconsejable que fuera tratado en prisión.

A la luz de ese dictamen, la Fiscalía pidió el pasado 25 de octubre a Castro que reclamara a los dos forenses una aclaración del pronóstico vital de Bolinaga, ya que, a su juicio, su informe "no responde con claridad a las cuestiones planteadas" sobre su estado de salud. En dicho informe, los forenses indicaban que tras un periodo de "estancamiento", Bolinaga había sufrido un empeoramiento, por lo que "se mantiene la situación de enfermedad grave e incurable", no siendo "previsible el óbito" en los próximos tres o cuatro meses "salvo complicaciones". Señalaban además que, ante el aumento de tamaño de las metástasis pulmonar y cerebral derivadas del cáncer renal que padece, "se va a iniciar tratamiento con Everolimus", del que refieren graves efectos secundarios.

Negativa a ser examinado

Tras conocer estas conclusiones, el fiscal Pedro Rubira solicitó que los forenses ampliaran su dictamen para aclarar "el cálculo de pronóstico vital actualizado", ya que considera que adolece de "ambigüedad e imprecisión" porque, mientras se dice que el paciente ha empeorado, se da un periodo vital de supervivencia superior a tres o cuatro meses "sin explicar los datos objetivos" en los que se basan. "No parece, pues, que los médicos forenses firmantes hayan cumplido con exactitud la decisión judicial, ni que hayan llevado a cabo un examen, reconocimiento o exploración del penado", destacaba también Rubira, haciendo referencia a la negativa de Uribetxeberria a ser examinado por los forenses, a los que solo permitió estar presentes mientras se le realizaba una prueba en el Hospital Donostia, en el que está siendo tratado.

A todos estos argumentos, el fiscal añadía que a Bolinaga, que cumplía condena por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, nunca "se le ha administrado un tratamiento médico paliativo, específico para enfermos que se encuentran en fase terminal" y que a día de hoy "ningún informe clínico aportado señala que el liberado se encuentre en situación de peligro para su vida". De hecho, el primer informe elaborado por la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, emitido antes de que Castro otorgara al etarra la libertad condicional, el 30 de agosto de 2012, basándose en otros dictámenes, señalaba que su vida no corría peligro inminente y que el cáncer que padecía podía tratarse en prisión.