Un informe preliminar del Poder Judicial solicita la retirada de la ley del aborto
Alega que la reforma del ministro Gallardón vulnera los derechos de la mujer.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es el impulsor de la ley del aborto.
Un informe preliminar del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto para la Protección del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, conocido como ‘ley del aborto de Gallardón’, le da un importante varapalo a la reforma del Gobierno.
El borrador del órgano de gobierno de los jueces, uno de los dos que preparan las ponentes designadas por la Comisión Permanente del Consejo, reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy reconsiderar «en su totalidad» y retirar la reforma promovida por el Ministerio de Justicia, que en la actualidad se encuentra en fase consultiva.
El informe preliminar de la ponente María del Pilar Sepúlveda critica el anteproyecto en términos muy duros, con alusiones al desamparo que va a provocar en la mujer y a la alarma social que ha generado en todos los ámbitos, nacionales y europeos, incluido entre destacados miembros del PP, salvo en los sectores ultraconservadores.
El texto de la vocal Sepúlveda ya está en poder de los 20 vocales del Consejo para su lectura y formulación de enmiendas y no será hasta mediados de marzo cuando la consejera eleve una propuesta definitiva al pleno del Poder Judicial, que votará el informe en una reunión que se celebrará con seguridad a finales de marzo. A este borrador está previsto que se sume en breve el de la también ponente Carmen Llombart. La decisión del órgano de Gobierno de los jueces tiene un carácter consultivo pero no vinculante para el Ejecutivo, pero dada la procedencia del mismo, el Poder Judicial, tiene indudable relevancia jurídica.
El informe de Sepúlveda asegura que la supresión de la actual ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por un proyecto «más restrictivo», como el que propone Alberto Ruiz-Gallardón «nos aleja de los países de nuestro ámbito jurídico-político, y supone un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de la mujer».
La ponente recuerda que el modelo de plazos vigente se sitúa en el marco general seguido en la mayoría de los países de nuestro entorno, en los que la previsión de un plazo para el aborto oscila entre las 12 semanas (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia Noruega), las 14 de Italia y las 18 semanas de la ley sueca.
Con todo, el informe preliminar considera que la reforma de Gallardón vulnera libertades de la mujer, que se convierte en un «mero instrumento al servicio de la maternidad, necesitada de información y asesoramiento para decidir sobre su propia vida e intimidad, y su integridad personal, sin tener en cuenta sus derechos fundamentales».