Los usuarios aportan más de 1.800 millones para costear la dependencia
Pagan más por la teleasistencia que las administraciones.
La ley de la dependencia tiene la cualidad de haberse convertido en un problema y una bendición a partes iguales. Es un inconveniente para muchas administraciones, que no han visto en esta iniciativa una oportunidad de crear puestos de trabajo y riqueza para sus sociedades sino más bien todo lo contrario. Y ha sido una alegría para otras regiones que han explotado el sistema al máximo (véase Castilla y León) y para muchas familias, que han visto cómo la ayuda que las administraciones han dado por los dependientes les ha servido como un pequeño colchón económico. Sin embargo, la crisis y la delegación del modelo dependiente a las regiones cambiaron el cuadro planteado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El cuidador familiar, que era una excepción, se convirtió en la figura fundamental, hasta suponer casi la mitad de las prestaciones económicas. Y la lista de espera siguió subiendo: a 1 de enero de 2014 había 298.225 personas reconocidas como dependientes sin cobrar ninguna ayuda. Por el contrario, el número de beneficiarios era de 753.842, lo que supone un descenso del 1,45% con respecto al año anterior. Asimismo, los grandes dependientes han pasado de ser el 45,55% de los receptores al 43,97%.
Ante la escasez de las arcas públicas, el Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato decidió aplicar junto a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en julio de 2012 varios recortes e introducir una serie de criterios por los que los usuarios debían pagar por los servicios de la dependencia: la capacidad económica se determinaba por la renta y el patrimonio, los ingresos por trabajo y capital del beneficiario tendrán la consideración de renta, el patrimonio se determinará después de ver deducidas todas las cargas y gravámenes o el mínimo exento lo marca el Iprem, eran algunos de los condicionantes de pago que no podía superar el 90% del coste del servicio. Es decir, se introducía el copago en los dependientes. Una aportación que asciende a 1.870 millones al año, según el estudio realizado por los profesores María Dolores de Prada y Luis Borge, de la Universidad de Valladolid para la Fundación Caser, el primero que analiza de forma global los servicios de la dependencia.
En los servicios, la teleasistencia es el único donde la aportación de los ciudadanos es mayor que la de las administraciones. Supone el 0,5% del gasto total, con un presupuesto de 29,4 millones.