Diario de León

El Supremo anula la ley de células madre por un defecto técnico

Detalle del laboratorio para la producción con células madre de órganos bioartificiales.

Detalle del laboratorio para la producción con células madre de órganos bioartificiales.

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Daniel Roldán | Madrid
León

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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real Decreto de 10 de noviembre de 2006 que estableció las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, procesamiento, preservación, almacenaje y distribución de células y tejidos humanos, así como las reglas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. El alto tribunal asegura en su fallo, que da la razón a la empresa Vitacord —que posee un banco de células madre—, que al afectar a «aspectos esenciales para la protección de la salud», como se encargaba de remarcar el propio documento en su preámbulo, esta materia tenía que haberse tratado mediante una ley y no, como se hizo, con una norma reglamentaria como el real decreto. No obstante, la sentencia no entra a valorar el contenido material del real decreto, sino que declara nulo el mismo por «insuficiencia de rango».Asimismo, el tribunal indica que la reserva de ley formal, «que deriva de la previsión del artículo 43.2 de la Constitución, determina que el Gobierno y la Administración no puede dictar reglamentos en aquellas materias afectadas por tal reserva incidiendo negativamente sobre la esfera jurídica de los ciudadanos sin ese previo apoderamiento legal». Esto implica, según el fallo, que se vuelve a la ley anterior, que data de 1996.

Sin embargo, la realidad no va a ser así, según explicó la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El contenido de la ley de hace ocho años ha sido utilizado para que las comunidades autónomas desarrollen sus propias normativas para regular los bancos de células madre. Y como la sentencia no entra a valorar el contenido, éste sigue estando vigente.

«No se vuelve a la ley del 96 y no hay vacío legal», recalcó Rafael Matesanz, director de la ONT, quien también comentó que no afecta a otras leyes u ordenes ministeriales, como la de la publicidad.

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