Dimite la directora general de Salud Pública Por una ley de Servicios de Atención al Cliente Por una ley de Servicios de Atención al Cliente

La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Mercedes Vinuesa, presentó ayer su dimisión al nuevo secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno. Vinuesa le comunicó su decisión a través de una carta, apenas una semana después de que hiciera lo mismo la ex secretaria general de Sanidad Pilar Farjas, tras el nombramiento del nuevo ministro, Alfonso Alonso.

La permisividad hacia el cannabis está aumentando, según una encuesta de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que señala que más de la mitad de los españoles se muestra a favor de permitir la venta a adultos de esta sustancia, mientras crece la oposición al consumo del resto de drogas.

Estas son algunas de las conclusiones de la investigación ‘La percepción social de los problemas de drogas en España 2014’, para la que han sido encuestadas 1.416 personas de entre 15 y 65 años, un estudio que presentó ayer el presidente de la FAD, Ignacio Calderón, y el delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Asís Babín.

Para Babín este aumento de la permisividad con respecto al cannabis se debe a que existe un «bombardeo permanente de mensajes de los grupos procannabicos», que «con una infinidad de recursos detrás», ha dicho, «llega hasta el conjunto de la población».

Ante los datos de esta encuesta de la FAD, en la que aparece por primera vez una mayoría de personas partidarias de permitir la venta de esta sustancia a adultos, el delegado del Plan Nacional sobre Drogas ha recordado los resultados de investigaciones americanas realizadas en países en los que se están produciendo procesos de regulación de mercados libres de cannabis.

Por ejemplo, en el estado de Colorado «los datos son dramáticos. Incremento del 150% de consumo en adolescentes, incrementos netos de la mortalidad en siniestralidad vial relacionada con esta sustancia, cuando la global del estado está descendiendo», apuntó Babín.

Según la encuesta de la FAD, el 52,1% de los españoles es partidario de permitir la venta de cannabis a adultos (46,2% de hacerlo de forma controlada -en 2004 eran el 25,5%- y el 5,9% sin restricciones), frente a un 44,4% que la prohibiría siempre -hace diez años eran casi el 50%-. Respecto al consumo, más de la mitad es favorable a permitir el consumo de cannabis a adultos (43,8% lo permitiría en privado y el 8,7% lo permitiría sin ninguna limitación), frente a un 42,5% que lo prohibiría y sancionaría siempre.

No obstante, a pesar del aumento de la aceptación de medidas de manejo práctico, como la regulación de la venta o el desarrollo de los clubes cannábicos, esta sustancia es considerada muy peligrosa por cerca del 70% de la sociedad española, casi 10 puntos porcentuales más que hace una década.

Alrededor del 50% de los encuestados también considera al alcohol y al tabaco muy peligroso, un porcentaje que era mayor hace diez años.

Pero en términos generales se puede afirmar con las respuestas de los encuestados que los españoles se posicionan en términos de enfrentamiento y oposición a las drogas de forma mucho más decidida que en 2004 y cercana a lo que ocurría en 1999.

Se ha invertido o al menos se ha frenado el proceso de normalización de las sustancias, según ha señalado el director técnico de la FAD, Eusebio Megías, quien ha incidido en ese aumento notable entre los españoles de la exigencia de control y represión de las drogas, excepto en lo que se refiere al cannabis.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una campaña para pedir al nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, que apruebe una ley de Servicios de Atención al Cliente que obligue a las empresas a responder a las reclamaciones. La OCU ha recordado que el Gobierno se comprometió a regular los servicios de atención al cliente.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una campaña para pedir al nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, que apruebe una ley de Servicios de Atención al Cliente que obligue a las empresas a responder a las reclamaciones. La OCU ha recordado que el Gobierno se comprometió a regular los servicios de atención al cliente.