Piden que los maltratadores no se beneficien de la custodia compartida
Las asociaciones de mujeres solicitan la retirada del anteproyecto de ley, que el Gobierno niega que exista.
Según explicó la presidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, el texto que prepara el Ministerio de Justicia «vulnera el derecho de los menores». «Además, no responde a ninguna necesidad social, dado que la legislación ya lo establece, va a aumentar la litigiosidad y el interés del menor no está tutelado», apuntó por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.
Y es que, el mayor rechazo del proyecto está en que un juez pueda conceder la custodia compartida a un maltratador, bien denunciado por su pareja o ya condenado por los tribunales. «Un maltratador nunca puede ser un buen padre», según Besteiro.
Amalia Fernándes opinó que el anteproyecto sólo responde a «un número muy reducido de hombres, padres separados, algunos condenados por violencia de género». La representante de Themis insistió en que la Fiscalía de Menores debería tomar cartas en el asunto y pronunciarse, porque «pone en riesgo el bienestar» de los niños.
En el mismo sentido intervino la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, que defendió que hasta ahora los hombres no solicitaban la custidia. Pérez del Campo advirtió del riesgo que representa entregar a un menor a su padre maltratador. «¿No es bastante que mueran entre cinco y siete niños al año en el régimen de comunicación y visitas? ¿No es suficiente que a unos niños se les queme y haya que estar tiempo y tiempo buscando sus cadáveres?», preguntó.
Fuentes del Ministerio de Justicia insistieron que no existe como tal el anteproyecto denunciado y que tan sólo se trabaja en un borrador, pero «todavía queda mucho camino para que pueda considerarse como anteproyecto». Al parecer, lo que ocurre es que este borrador está siendo discutido con los sectores implicados, entre ellos las asociaciones de mujeres, que reclaman su retirada inmediata.
Hasta el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, coincide con las asociaciones de mujeres al considerar que «no es razonable» dar la custodia de los hijos a un hombre condenado por maltratador.